Los grupos parlamentarios de PNV y PSE sumaron ayer sus votos en la Cámara de Gasteiz para aprobar una enmienda de transacción en la que se instan al Ejecutivo de Iñigo Urkullu a arbitrar, «a la mayor brevedad y en el uso de su capacidad de autogobierno», medidas de compensación. Irían dedicadas a aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores a 18.000 euros anuales y se encuentren en una «situación objetiva enfermedad y de necesidad desde el 1 de julio», es decir, el lunes, día en que entra en vigor el copago en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Esta medida, aprobada en detrimento de una iniciativa presentada por EH Bildu que proponía la elaboración de un proyecto de ley de regulación de los derechos y obligaciones de las personas en el ámbito de la salud, despertó un fuerte debate en la Cámara. La discusión evidenció las diferencias existentes entre los firmantes de la enmienda y la coalición soberanista, que no apoyó la iniciativa por considerar que la misma es un simple «maquillaje».

En opinión de Rebeka Ubera (EH Bildu) -que mostró su rechazo radical a la aplicación del repago farmacéutico en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa-, los grupos firmantes «han intentado maquillar la imposición con toques de populismo. Pero la realidad es que jeltzales y socialistas han consumado el fraude a la sociedad». «Habéis demostrado que sí se puede esquivar el copago, como lo esquivarán, a iniciativa vuestra, las personas que ganen menos de 18.000 euros. Pero para el resto de la ciudadanía, la sanidad pública ha dejado de ser universal y equitativa», añadió Ubera.

Estas críticas fueron rechazadas por PNV y PSE, que defendieron la utilidad de la enmienda y afirmaron que no se puede ser «insumiso» ante los dictámenes del Tribunal Constitucional, que el pasado mes de diciembre invalidó un decreto que tenía por objeto impedir la aplicación del copago en la CAV. Cabe señalar que Blanca Roncal (PSE) se felicitó por el giro dado por los jeltzales para «ponerse al lado de los ciudadanos».

Sin embargo, la iniciativa aprobada ayer tan solo tendrá incidencia sobre los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales, ya que, según la norma del PP, las personas con ingresos inferiores a dicha cantidad deberán pagar un 40% por sus medicamentos, lo mismo que pagan ahora.