Brasil endurece el castigo a la corrupción, un mal endémico
Por primera vez en 25 años, la Corte Suprema ordenó la encarcelación inmediata de un parlamentario condenado en 2010 por malversación. Además, los diputados rechazaron en tiempo récord y con una mayoría abrumadora un proyecto de ley muy criticado por los manifestantes, que limitaba el poder de la Fiscalía para investigar delitos de desvíos de fondos públicos. En la calle, mientras, seguían las protestas.
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Saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía marcaron el final de la masiva manifestación -unas 50.000 personas- que recorrieron las calles próximas al estadio Mineirao, en Belo Horizonte, a la misma hora en la que se disputaba el partido entre las selecciones de Brasil y Uruguay por la Copa de Confederaciones. En el plano político, mientras, aumentan las medidas para combatir la corrupción a instancias de los manifestantes, que reivindican penas más duras para los políticos corruptos, entre otras muchas cosas.
El Senado aprobó un proyecto de reforma del Código Penal que califica la corrupción como «crimen hediondo», es decir le otorga la misma gravedad que a un homicidio o a una violación y aumenta la pena mínima que puede ser impuesta a responsables por delitos como el desvío de recursos públicos. Los acusados no podrán ser excarcelados mediante el pago de fianzas.
La Cámara de Diputados aprobó en paralelo un proyecto de ley que prohíbe el «voto secreto» en votaciones para despojar del mandato a algún legislador acusado de irregularidades, así como una iniciativa que reduce los impuestos sobre concesionarias de transporte público, lo que puede reducir los precios de los billetes.
La víspera, la Cámara Baja dio vía libre al proyecto de ley que destina el 75% de las regalías petroleras a la educación y el 25% a la salud, y archivó, por 430 votos en contra nueve, una enmienda constitucional que pretendía reducir los poderes de investigación del Ministerio Público y que, para los manifestantes, favorecía la impunidad de los políticos corruptos. Los manifestantes también consideraron como un éxito suyo la orden de prisión dictada por primera vez por la Corte Suprema contra el diputado Natan Donadon, que con diferentes recursos judiciales había conseguido eludir una pena de trece años de prisión por corrupción a la que fue condenado en 2010.
«La corrupción cuesta de 50.000 a 80.000 millones de reales por año (22.850 millones a 36.560 millones de dólares) en el país, el equivalente a entre 1,4 a 2,3% de toda la riqueza producida (PIB)», declaró a AFP el secretario general y fundador de la ONG Cuentas abiertas, Gil Castello Branco.
«Esto corresponde a lo que que el Gobierno ha invertido en cuatro años (50.000 millones de reales) en su programa de aceleración del crecimiento, en carreteras, aeropuertos, puertos, la construcción de un millón de viviendas y 57.600 escuelas», señaló.
Las cifras se desprenden de un estudio divulgado de diciembre de 2012 de la poderosa Federación de industrias de Sao Paulo, que trató de cuantificar el flagelo. Brasil, séptima economía del planeta, se ubica tan solo por detrás de China entre los países emergentes más corruptos, según la ONG Transparency International.
«La nota de Brasil es inferior a 4 sobre 10 desde 1995», deploró Claudio Abramo, director de Transparency Brasil.
A su juicio, los brasileños tienen la impresión de que «el crimen paga», que viven en el país de la impunidad, que existe una «tolerancia brasileña» a la corrupción. Muchos factores han contribuido a ello: la hasta este momento inmunidad parlamentaria, el hecho de que los parlamentarios no puedan ser juzgados por tribunales ordinarios, un secreto bancario excesivo y la financiación de campañas electorales por parte de empresas privadas que luego quieren atribuirse negocios públicos. Algunos historiadores atribuyen a la corrupción raíces históricas: la colonización portuguesa creó la figura de un capitán todopoderoso en la región y la esclavitud fue recién abolida en 1888, y bajo ella se permitió todo tipo de explotación.
«Casi se tiene vergüenza de ser honesto», manifestó Castello Branco.
Un joven que cayó de un viaducto en el transcurso de la protesta que tuvo lugar el miércoles en Belo Horizonte, murió en la madrugada de ayer en el hospital Joao XXIII, adonde fue trasladado tras ser rescatado por los bomberos, según informó la Policía.
El estudiante Douglas Henrique de Oliveira, de 21 años, que falleció víctima de múltiples fracturas, se convirtió en la quinta víctima mortal de las protestas que comenzaron el pasado día 10 en Sao Paulo por el aumento de las tarifas de transporte público. Las manifestaciones se extendieron enseguida por todo el país y ganaron nuevas reivindicaciones, como exigencias de mayor inversión pública en salud y educación.
En Brasilia, manifestantes patearon balones de fútbol hacia el cordón policial en dirección al Congreso en una protesta pacífica contra los miles de millones de dólares que Brasil ha invertido en construir nuevos estadios para los campeonatos de fútbol. Defendieron que los fondos deberían haber sido empleados para mejorar los servicios públicos de salud, educación y transporte. La Policía se desplegó en la ciudad y cortó el tráfico en la explanada central de la moderna capital brasileña.
Ante el aumento de la intensidad de las protestas, el Gobierno de Dilma Rousseff anunció que abrirá 35.000 vacantes para médicos en los servicios de salud y 12.000 cupos para especializaciones en áreas prioritarias y que quiere contratar a más médicos extranjeros, ya que calcula que Brasil tiene un déficit de 54.000 médicos. Los gremios médicos criticaron la llegada de colegas extranjeros. GARA
Los gobiernos del PT han sido los únicos en tomar medidas concretas para acabar con la corrupción, que abarca a la clase política, a la Policía y contratistas.
