Después de cerca de 25 años sin regulación, en una situación de vacío legal que convertía el dial vasco en una especie de tierra de nadie, en febrero del 2012 el Gobierno de Patxi López aprobó poner en marcha un concurso público para la concesión de 34 licencias de radio de FM. Tras un proceso, que se prolongó casi hasta setiembre, en el que no faltaron las críticas por los criterios empleados -los grupos radiofónicos poderosos tenían más posibilidades que los pequeños por los avales que se les pedían-, se dieron a conocer las adjudicaciones provisionales, en un reparto que no satisfizo, sino al contrario, a proyectos comunicativos muy enraizados en la sociedad vasca, como el propio de GARA. La sombra de irregularidades o «cosas extrañas» al menos -papeles que desaparecieron de la mesa de un técnico, por ejemplo- también pesaba sobre el proceso. El entonces lehendakari Patxi López decidió entonces convocar elecciones generales y, dos meses después, su Ejecutivo anulaba las adjudicaciones.

Y así hasta el día de ayer, pese al relevo en el Gobierno. Radios y proyectos de radio afectadas -Euskal Irrati Zerbitzuak S.L., Antxeta irratia, Araba Irratia y Justuri Irratia-, como recordaba ayer en el pleno del Parlamento Unai Urruzono, se habían sentido «desamparadas y ninguneadas» ante la falta de respuesta del actual ejecutivo. De hecho, como publicábamos también en nuestra edición de ayer, algunas habían optado por presentar recursos judiciales.

Ahora las cosas habrían cambiado, ya que, según el acuerdo alcanzado ayer entre EH Bildu y PNV, el Parlamento da un plazo de dos meses al Gobierno para que solucione el problema. A su vez, acordaron que se procederá «a la regulación del ámbito de las radios libres y comunitarias, independiente de la resolución que se adopte» y, como tercer punto, «garantizar la presencia del euskara en el ámbito de las radios, cumpliendo lo reconocido a la ciudadanía en la Ley del Euskara así como el cumplimiento de la legislación vigente».

PP y PSE votaron en contra, pese a que ambos partidos se mostraron a favor de clarificar el mapa radiofónico vasco. Unos, como le achacó a Iñaki Oyarzabal (PP) el parlamentario jeltzale Juan Antonio Arieta-Araunabeña (PNV), porque «lo único que ha dicho es que le molesta que hayamos firmado con Bildu, resumido». Otros, como Mikel Unzalu (PSE), porque necesitaban más explicaciones, como, por ejemplo, si va a haber una nueva licitación. Unzalu negó la existencia de irregularides -«fue impecable», dijo- y alegó que el adelanto de las elecciones desencadenó la anulación del proceso, y que el Ejecutivo decidió que no tomaría una decisión de semejante trascendencia estando en una situación de interinidad.

Por su parte, Unai Urruzuno (EH Bildu) recalcó la urgencia de dar salida a este problema y, aunque quiso reconocer al Gobierno López que hubiera intentado acabar con esta situación de alegalidad en el dial, apuntó que «el proceso fue bastante penoso». La discriminación positiva hacia las radios en euskara del concurso -se reservaban once siguiendo el criterio del euskara- también debiera extenderse, en su opinión, a las radios comunitarias «porque el Gobierno debiera dar una salida a un tanto por ciento importante de las radios que se encuentran en esa situación».