Luis Bárcenas, extesorero del PP durante dos décadas, ingresó ayer en prisión por orden de Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional española. Cuatro años y medio después del inicio de la investigación sobre la «trama Gürtel» y seis meses después del escándalo de los papeles que reflejaban la supuesta contabilidad paralela de Génova, el magistrado lo envió a Soto del Real. Según el auto, existe riesgo de fuga, así como de que el imputado destruya o falsee pruebas, tal y como cree que hizo con un documento sobre la venta de un cuadro por valor de 500.000 euros. Además, todavía dispone de cuentas en Suiza que no han sido bloqueadas, así como en EEUU, Uruguay y Bahamas. Sin embargo, el alcance de la decisión del juez va más allá y apunta directamente al PP, cuya crisis a causa de la corrupción se agrava. Durante años, la formación que dirige Mariano Rajoy ha defendido la inocencia de su antiguo alto cargo. Ayer, Génova emitió un comunicado de 17 palabras en el que se limitaba a expresar su «respeto a las decisiones judiciales». La pregunta ahora es si, tras ser encarcelado, Bárcenas mantendrá su silencio o comenzará a señalar a sus antiguos compañeros de filas.

Poco antes de las 10 de la mañana, Bárcenas llegaba a la Audiencia Nacional. También estaban citados su esposa, Rosalía Iglesias, y su presunto testaferro, Iván Yánez, cuyo nombre aparece en una de las comisiones rogatorias llegadas desde Suiza. La aparición de nuevos datos procedentes del país helvético era una de las razones para que el juez llamase de nuevo al extesorero del PP, que llegó a afirmar hace unos meses que no volvería a presentarse a los requerimientos judiciales.

Sin embargo, lo hizo, y Ruz lo envió a la cárcel «para asegurar su presencia en el proceso, evitando el riesgo de fuga y asegurando la preservación de fuentes de prueba relacionadas con los delitos imputados, en evitacion de su alteración por parte del imputado, finalidades que únicamente se pueden salvaguardar con la medida cautelar que se adopta». Además, en el auto, el magistrado llama la atención sobre la «presunción de contar con patrimonio en el extranjero, de difícil control e incautación judicial».

El origen del dinero

Bárcenas sigue sin explicar el origen de su abultado patrimonio, que llegó a calcularse, solo en cuentas en Suiza, en 48 millones de euros en 2008. Según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe, el extesorero del PP insistió ayer en su versión de que proceden de compraventas de arte y jugadas en bolsa. Una argumentación que el juez considera «vaga, imprecisa e incoherente». Especialmente, después de considerar que los contratos que justificarían dichas compras «no reflejan operaciones reales», lo que ha motivado que se amplíe la imputa- ción. A los delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales, el juez añade los de falsedad en documento mercantil y estafa procesal en grado de tentativa. Por el contrario, Ruz considera que Bárcenas ideó un plan en tres fases para blanquear el dinero procedente, al menos en parte, de las comisiones que cobraba de adjudicaciones de obras públicas a empresas afines.

El juez también interrogó a Bárcenas sobre esos movimientos de cuentas en Suiza. Según el auto, el extesorero ofreció una «explicación parcial, inconsistente y manifiestamente insuficiente sobre el conjunto de actividades y operaciones patrimoniales». Además, el auto añade que sus argumentos «entran en contradicción con las anotaciones que figuran en las comunicaciones internas de los gestores bancarios suizos y con la propia documentación remitida y, asimismo, con lo manifestado por el propio Iván Yáñez también en su declaración del día de hoy (por ayer)». Este incremento de los indicios motivaron que, finalmente, el magistrado Ruz decretase su ingreso en prisión incondicional. Una medida que ya había sido apoyada por la Fiscalía.

Explicación en 17 palabras

El encarcelamiento de Bárcenas hace que todas las miradas apunten al PP. El partido en el Gobierno español padece graves problemas de cohesión interna y evidencia serias dificultades para gestionar las sospechas que señalan a sus fuentes de financiación. Ayer, por ejemplo, nada más conocerse su ingreso en prisión, fuentes de Génova aseguraban que no estaba previsto realizar ninguna declaración. Poco después, la formación emitía un escueto comu- nicado. «El Partido Popular manifiesta, como ha hecho siempre, respeto a las decisiones judiciales en todos los proce- dimientos» fue su única respuesta. Hoy, mientras Rajoy participa en un Consejo Europeo calificado como «decisivo», la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, será interrogada tras el consejo de ministros.

El PSOE sí que instó a dar explicaciones, aunque eludió pedir la dimisión del presidente español escudándose en la «responsabilidad» ante la cita europea de Rajoy. IU, presente como acusación particular en la causa de la supuesta contabilidad paralela, mostró su confianza en que la estancia en prisión le haga reflexionar y colabore en el esclarecimiento de la verdad, a lo que se ha negado hasta ahora».