No son nuevos los casos de discriminación racial y xenofobia en el Estado español, pero sí reciente su incremento. Las redadas policiales racistas, las pésimas condiciones laborales de los llamados «sin papeles» o los malos tratos en centros de internamiento de extranjeros continúan siendo motivo de denuncia, pero además, como alerta el reciente informe de la ONU sobre ese fenómeno, los recortes del Gobierno del PP han agravado la situación de las personas más vulnerables, y muestra de ello es el decreto de que deja sin atención médica a los migrantes irregulares, pues afecta gravemente a los más indefensos, niega protección a quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus necesidades más básicas.

La reacción del Gobierno de Madrid a ese informe, sin embargo, ha sido la de negar la evidencia, afirmando que está comprometido en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y justifica el decreto de exclusión de inmigrantes de la atención sanitaria como una medida contra el «turismo sanitario», una práctica de ricos, cuando en realidad el decreto está dirigido a quienes no están precisamente de «turismo», sino en una situación de precariedad extrema. Lamentable.