Madrid y Lakua piden tratar la crisis naval con Almunia antes del jueves
El Gobierno español, la patronal de los astilleros y los ejecutivos afectados solicitarán reunirse antes del próximo jueves con el comisario europeo de la competencia, Joaquín Almunia, para abordar las consecuencias de una hipotética obligación de devolver las ayudas correspondientes al período entre 2005 y 2011. Advierten que la medida provocaría el «hundimiento» del sector naval.
Alberto PRADILLA | MADRID
El ministerio español de Industria, los gobiernos de Lakua, Asturias y Galiza y la patronal de los astilleros privados, Pymar, presentaron ayer una declaración conjunta en la que instan a la Comisión Europea (CE) a «reconsiderar» la decisión anunciada por su comisario de competencia, Joaquín Almunia, de obligar a devolver las ayudas fiscales («tax-lease») recibidas entre 2005 y 2011 y que ascienden a unos 2.000 millones de euros. Ante la «difícil» situación a la que se enfrenta el sector naval, todos quisieron escenificar una imagen de unidad, al tiempo que anunciaban que han solicitado reunirse antes del jueves, 4 de julio, con Almunia. Además, esperan poder encontrarse con José Manuel Durao Barroso, presidente de la CE antes del 15 de julio, a dos días de que el Colegio de Comisarios tome una decisión definitiva. El texto advierte de las graves consecuencias que implicaría esta medida sobre la economía y el empleo. El comisario, sin embargo, insistió ayer en que ambos estados recibirán «el mismo trato» y reiteró su posición de que no serán los astilleros, sino armadores e inversores quienes tendrán que devolver el dinero.
«El futuro del sector naval español está en riesgo. Alrededor de 87.000 empleos y 19 astilleros privados, armadores y una voluminosa industria auxiliar, corren el riesgo de desaparecer si Almunia decide materializar su amenaza», comienza la declaración acordada entre José Manuel Soria, ministro español de Industria, el lehendakari, Iñigo Urkullu, Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta, Javier Fernández, jefe del Gobier- no asturiano y el presidente de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), Alvaro Platero.
El ministro se reunió posteriormente con representantes de CCOO y UGT, que también solicitaron sumarse a la iniciativa. Según remarca el documento, «devolver en torno a 2.000 millones en ayudas abocaría directamente a la ruina a un sector industrial vital». Un hecho que agravaría «las ya de por sí preocupantes cifras de desempleo» en el Estado español y que se focalizaría en la Comunidad Autónoma Vasca, Galiza y Asturias.
«Una eventual decisión de reembolso de las supuestas ayudas supondría un grave trato discriminatorio», indica el documento, que hace referencia a un caso similar en el que el Estado francés no fue obligado a devolver los fondos. «A pesar de que el comisario, con ánimo exculpatorio, señala que no serán los astilleros los perjudicados, la consecuencia directa será la búsqueda por parte de los armadores de nuevos países donde contratar sus buques a menor coste y con mayores garantías de protección jurídica», añade, para después cuestionar la posición de Holanda (que fue quien interpuso un recurso en 2011) y considerar que «los principales beneficiarios serían los astilleros situados en países asiáticos, princiaples copetidores del sector naval europeo». Por estos motivos, instan a Europa a «reconsiderar» el anuncio efectuado por Almunia.
«Situación difícil»
«La situación es difícil», reconoció Soria, que alabó el trabajo realizado en los últimos años para diseñar un nuevo modelo de «tax lease». El ministro español de Industria defendió los principios de «seguridad jurídica» y de «evidencia comparativa» para que la CE de marcha atrás. En caso contrario, «la situación sería irreversible», afirmó. En la misma línea, Urkullu mostró su sorpresa por el planteamiento avanzado por Almunia, recordando el esfuerzo de «reconstrucción» llevado a cabo por parte del sector naval para la «necesaria actualización». Sobre las futuras consecuencias, el lehendakari advirtió del impacto que la devolución de las ayudas tendría sobre el paro. «No se puede plantear un discurso en defensa del empleo (en referencia al Consejo Europeo celebrado en Bruselas la semana pasada) y abocar al cierre de unos astilleros», consideró.
A la espera de la reunión solicitada por insituciones y patronal, Almunia no ha variado su posición. «Ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro», afirmó ayer, remarcando que Madrid recibirá «exactamente el mismo trato» que París. Según el comisario, «todo el mundo sabía» que el sistema recurrido era incompatible cuando superaba determinados límites con las normas comu- nitarias a partir de una decisión adoptada en 2006. Finalmente, Almunia se mostró «sorprendido» por las afirmaciones del sector sobre la posible devolución de las ayudas, porque «ellos no son los responsables de devolverlas», sino los inversores y armadores. Además, rechazó las críticas recibidas por su posición, argumentando que su obligación es «hacer respetar el marco legal» de las ayudas.
El Gobierno español, los tres autonómicos y la patronal de los astilleros esperan reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, antes del 15 de julio.
Los representantes sindicales de los cinco astilleros vascos: La Naval, Zamakona, Murueta, Pasaia y Balenciaga anunciaron ayer que iniciarán movilizaciones y contactos con el Gobierno de Gasteiz y los alcaldes donde se ubican las factorías para recabar apoyos a la continuidad de los mismos, que pasa por no tener que devolver las ayudas, como parece que la Comisión Europea pedirá formalmente en la reunión del 17 de julio.
Primero estarán hoy por la mañana con el alcalde de Sestao y mañana se verán con el de Santurtzi. A estas citas acudirán representantes de las federaciones de UGT, CCOO, ELA y CAT, junto con integrantes de los comités de empresa de los astilleros afectados.
Por su parte, Manuel Velado, responsable del sector naval de UGT Euskadi, puntualizó ayer que «faltan por determinar las reuniones con el Foro Marítimo Vasco, el Gobierno vasco y las direcciones de los astilleros». No obstante prevén que los encuentros se celebrarán esta misma semana. A todos ellos, exigirán «un posicionamiento claro y decidido» en su defensa de los astilleros vascos, que en este momentos son todos ellos privados. Proyectan además llevar a cabo en los próximos días actos de protesta en los municipios afectados.
El próximo 9 de julio se movilizarán en Gipuzkoa, en Pasaia y en Zumaia -donde está Balenciaga-, y el 11 de julio recorrerán Ezkerraldea, desde el astillero de La Naval, que pertenece a Construcciones Navales del Norte, hasta el de Zamakona, en Santurtzi.
Asimismo, tienen previsto realizar diversas encarteladas y concentraciones. Juanjo BASTERRA
El presidente de Confebask, Miguel Angel Lujua, afirmó ayer en su blog que «una vez más, ayudas concedidas al amparo de la Ley, como sucedió con los incentivos fiscales vascos, son consideradas ayudas de Estado y como tales objeto de devolución». Si así sucede, critica Lujua, supondrá acabar con «una industria emblemática que da sustento, directa o indirectamente, a 14.800 familias en el País Vasco y a 86.735 en España». Advierte de que es «un sector tan duramente castigado por la crisis» y «las sucesivas reconversiones, que ha sido además obligado a soportar durante estos últimos años una batalla judicial sin sentido».
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bilbo pidió a Bruselas que acepte los argumentos jurídicos y socioeconómicos de los astilleros, dado que «el sector ha actuado en todo momento de buena fe». Esta entidad segura que el Estado español es «el responsable político de las ayudas a los astilleros». J.B.
El ministro español de Industria, José Manuel Soria, reconoció que «la situación es difícil» y defendió los principios de «seguridad jurídica» y de «evidencia comparativa» para que la Comisión Europea dé marcha atrás.
Los sindicatos de los astilleros vascos han convocado manifestaciones para el próximo 9 de julio en Gipuzkoa y para el día 11 en Ezkerraldea, con una marcha desde La Naval de Sestao hasta Zamakona, en Santurtzi.
La Cámara de Comercio de Bilbo pide al comisario Joaquín Almunia y al resto de la CE que «entren en razón» antes de decidir sobre la devolución o no de las ayudas, como en su día hicieron con el Estado francés.
