El PSE pidió ayer a Iñigo Urkullu que aclare si, en la línea de lo aprobado en Nafarroa, es partidario de proponer una reforma legal que otorgue al Parlamento de Gasteiz la capacidad última para decidir el futuro de las empresas públicas y de sus plantillas, y si va a proponer una reforma legal que lo avale.

La portavoz del PSE, Idoia Mendia, presentó una batería de preguntas en la Cámara, entre ellas una referida a la reforma legal aprobada por el Parlamento navarro que exige la autorización previa del Legislativo para operaciones sobre participaciones en sociedades públicas.

La decisión navarra que contó con el apoyo de Geroa Bai, coalición de la que forma parte el PNV, requiere que la Cámara dé permiso para la transformación o liquidación de estas empresas y para los planes de reestructuración de sus plantillas.

Por ello, Mendia preguntó qué opina el lehendakari ya que en la Estrategia para el Redimensionamiento y Racionalización del Sector Público en la CAV remitida recientemente al Parlamento «no consta ninguna referencia sobre el papel que debe tener el Legislativo en la aplicación de esos planes».

Destrucción de empleo

La parlamentaria pone también en duda el compromiso del lehendakari de no destruir empleo en el sector público ya que «las actuaciones del Ejecutivo no se corresponden con lo que han venido haciendo en los últimos meses».

«Lo hemos visto con los KZguneak, donde se ha prescindido de personal. Lo hemos visto en Radio Vitoria» y ahora en Metaposta se ha despedido a «más de la mitad de su muy limitada plantilla», denunció Mendia, lo que a su juicio pone en cuestión la viabilidad de esta empresa pública y la gestión de los datos que más de 40.000 usuarios tienen depositados en ese servicio. En relación a la reducción de costes derivados de la racionalización de las empresas públicas, la parlamentaria del PSE también le pregunta por las retribuciones de directivos de empresas públicas o participadas.

Mendia se refiere a las retribuciones del director de Eusko Trenbidea Sarea, un 30% superiores a las de su antecesor en el cargo y por encima de las del propio lehendakari, cuando se decidió «por amplio acuerdo político» que debía ser el cargo mejor remunerado.