Podría pensarse que la situación de las cárceles es un tema recurrente en esta época del año. Los datos oficiales sobre la población penitenciaria publicados regularmente, como acaba de hacerlo el Ministerio de Justicia [ver despiece], deberían per se crear la noticia. Y es que las cifras siguen batiendo récords a pesar de que, en abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba por primera vez al Estado francés a indemnizar con 10.000 euros a un condenado por las «condiciones degradantes» en las que tuvo que vivir en la antigua cárcel de Nancy, ya clausurada.

En esta ocasión la polémica ha surgido por la decisión de un juez de Dreux (departamento de Eure-et-Loir) de no ordenar el ingreso en prisión de tres detenidos el 1 de agosto, condenados a penas de dos y tres meses, por falta material de sitio en el establecimiento penitenciario de Chartres.

El caso saltó a la luz por las declaraciones de un comandante de Policía, adjunto de la circunscripción de seguridad de Dreux y miembro del sindicato policial Synergie, de tendencia derechista, que criticaba las «directivas verbales del juzgado» en el sentido de poner en libertad inmediatamente a los detenidos. Las consideraba como «inicuas» y susceptibles de crear una impresión de «impunidad».

Estas revelaciones hicieron saltar a la derecha, que, por boca del diputado Christian Estrosi (UMP), se declaró «indignada» por este hecho.

Taubira, en la diana

El propio ministro de Interior, Manuel Valls, manifestó su «gran sorpresa» por la decisión del juzgado y su «preocupación por las consecuencias». Y todos los dardos fueron dirigidos a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, incluidos los del propio juez, que reaccionó criticando la insuficiencia de medios para aplicar las resoluciones judiciales e hizo responsable de ello a la titular del Ministerio.

Esta declinó hacer valoraciones sobre lo manifestado por el juez y explicó que, en realidad, se trata de «diferir la ejecución de las penas». A su vez, recordó que su Ministerio «no ha cambiado nada en las leyes en materia penitenciaria» y que las normativas que se aplican son las que puso en vigor la derecha de Nicolas Sarkozy en 2009, en una de las diferentes reformas que llevó a cabo y que endurecieron la política penitenciaria.

Además, con su habitual tono enérgico, Taubira añadió que se trata de «una polémica estival alimentada por la derecha».

Cuando apenas comenzaban a calmarse las aguas, el miércoles «Le Canard Enchaîné» publicó un artículo en el que revelaba que «decenas o incluso centenares» de presos podrían ser liberados al considerar que sus condenas están prescritas, en base a una decisión del 26 de junio de la Corte de Casación (Tribunal Supremo) respecto a un decreto de 2004 firmado por el entonces ministro de Justicia, Dominique Perben (UMP), que conllevaba un error técnico-jurídico que fue corregido en 2012.

El dictamen de la más alta jurisdicción francesa validaba las condiciones sobre la prescripción hasta esa fecha, por lo que «algunas decenas» de presos, sobre los 3.499 cuyas penas deben ser verificadas, tendrían que ser liberados. Esto ha reavivado la controversia y Taubira es de nuevo el centro de las críticas aunque haya heredado el problema del anterior Gobierno.

El PS ha calificado las críticas de la derecha como «indecentes, ya que no tienen más objetivo que ocultar su propia responsabilidad».

El FN, por su parte, ha aprovechado para fustigar a los dos principales partidos, a quienes ha acusado de «amateurismo y extrema ligereza», y ha reclamado la creación de 40.000 nuevas plazas carcelarias.

Otro sistema penal

Más sosegada ha sido la reacción del Sindicato de la Magistratura, de tendencia progresista, a través de su presidenta Françoise Martres, quien ha recordado que los juzgados «gestionan todos los días la cuestión de las plazas de cárcel» y que en estos casos de condenas cortas no hay «obligación de encarcelamiento inmediato».

Martres ha añadido que los tribunales están «desbordados»: «La mitad de la actividad está dedicada a infracciones de tráfico y no hay nadie para ordenar la ejecución de las penas. El sistema está saturado».

La representante sindical considera que hay que «bajar la presión penal y revisar la política penitenciaria» en su conjunto. «En nuestro sistema represivo -explica-, la cárcel es la principal pena pero hay otras posibles, como la de prueba con un seguimiento adaptado a la persona condenada o los trabajos de interés social. Con construir más cárceles no arreglamos nada, porque siguen llenándose. Hay que invertir el dinero público en otro sistema penal».