El conflicto competencial entre Nafarroa y el Estado va a más. En dos días, Madrid ha avanzado dos nuevos recursos de inconstitucionalidad a leyes navarras. El primero de ellos afecta al abono de la paga extra a los funcionarios y ha sido aplaudido por UPN, que ayer se felicitaba de haber desobedecido al Parlamento y acertar en su decisión de dejar a sus trabajadores sin cobrar. El segundo recurso afecta a la ley sobre el acceso a al sistema sanitario de la población inmigrante en situación irregular. La consejera Marta Vera sí ve intromisión en este segundo recurso ante el TC.

Vera aseguró ayer que mantuvo conversaciones con el Estado de cara a impedir que llegara este recurso. La consejera recordó que un decreto del Gobierno español obligaba a eliminar la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular, pero que Nafarroa trató de buscar un término intermedio que impidiera este extremo. La lucha por defender esta competencias navarra en materia sanitaria incluyó convocar la Junta de Cooperación Navarra-Estado, en la que se acordó iniciar un proceso de negociaciones.

El martes pasado se realizó una videoconferencia entre técnicos navarros y del Estado y allá «quedó patente la imposibilidad de llegar a un acuerdo», según explicó la propia consejera, Marta Vera.

Insiste en que «la asistencia sanitaria a los inmigrantes ha estado garantizada en todo momento», y que Nafarroa siempre ha defendido sus competencias. Esta afirmación, en realidad, no es tan rotunda y la aplicación de la sanidad universal se rompió con los recortes aprobados por Iruñea, como ya denunció en su día Médicos del Mundo, que citó casos concretos de desatención. Lo que hizo Nafarroa fue destinar parte del dinero que estaba destinado a Políticas Sociales a pagar «seguros» a los inmigrantes irregulares que quedaban fuera de la Sanidad Pública. A la postre, eso dejó casi sin dinero a los proyectos de cooperación.

Los grupos parlamentarios censuraron la actitud del Estado. Bakartxo Ruiz, de Bildu, llegó a declarar que «si en Nafarroa no se puede hacer política, invito al PP a disolver el Parlamento Foral». Aralar y el PSN defendieron la sanidad universal y el respeto a la comunidad inmigrante.

Pese a todo, es destacable el interés que ha mostrado el Gobierno navarro en defender esta ley, cuando son otra decena las normas aprobadas por el Parlamento que han acabado siendo recurridas ante el Constitucional por Madrid (y otras cuatro están en camino). Para las demás, incluida la del mantenimiento de la paga extra para los funcionarios navarros o la nueva regulación de las empresas públicas, no se ha reunido esa Junta de Cooperación. Más bien al contrario, el Ejecutivo de Yolanda Barcina ha aplaudido los recursos.

«Mejor», no haber pagado

Mientras Vera narraba sus esfuerzos por mantener la legislación foral de atención a inmigrantes, UPN se mostró satisfecho en una nota de no pagar la extra a los funcionarios, incumpliendo una ley parlamentaria que «hubiera creado un gran perjuicio» a los propios funcionarios.

Maitane Intxaurraga (Sortu) replicó que lo que hace falta es más soberanía para que las leyes navarras se cumplan.