Stop Desahucios de Gipuzkoa acudió ayer a los medios de comunicación para informar de una nueva vuelta de tuerca en la presión que las entidades bancarias están ejerciendo sobre los afectados por ejecuciones hipotecarias. Tras desahuciar a las personas que asumieron los créditos, están acudiendo a sus avalistas, de tal forma que les exigen que respondan a la deuda con sus pensiones y viviendas habituales, en muchos casos ya pagadas.

En este sentido, sacaron a la luz cuatro casos, tras los que están involucrados Kutxabank, Laboral Kutxa, Rural Kutxa de Nafarroa y Bankia y para los que piden como solución la dación en pago y el alquiler social con carácter vitalicio para los avalistas, con el pago de hasta un 30% de sus pensiones. El carácter vitalicio sería hasta el fallecimiento de ambos cónyuges.

Tras denunciar que los bancos y cajas están acosando a los avalistas «mediante llamadas telefónicas y cartas intimidatorias», Stop Desahucios declaró que el «único» delito que han cometido estas personas es «avalar las hipotecas de hijos y familiares para acceder a una vivienda cuando, con la permisividad del Gobierno de turno, bancos y tasadoras inflaban los precios de las hipotecas».

En este sentido, recordaron que los avalistas «sin saberlo, deben responder con todos sus bienes presentes y futuros, es decir, con sus nóminas, pensiones y viviendas habituales ya pagadas». Puntualizaron que, en estos casos, con un aval los bancos ejecutan dos desahucios.

Pensiones de 1.000 y 650 euros

Uno de los casos que relució ayer fue el de Juana, una viuda con 1.000 euros de pensión que tiene incoada en el juzgado una demanda por parte de Kutxabank para subasta de su vivienda habitual, ya pagada, por haber avalado un préstamo a un hijo para la adquisición de un local comercial. De tal forma que su hijo ha perdido el local comercial y su vivienda particular, y su madre lleva el mismo camino. Un allegado de la familia, Castor Valiña, denunció que los bancos «abusan de la ignorancia de los mayores y, en esto, están implicados también los notarios que trabajan en favor de los bancos».

Otro caso es el de Olga Alberdi, con una pensión de viudedad de 650 euros y que corre el riesgo de perder su vivienda habitual -también pagada- si Laboral Kutxa no accede a liberarla de una deuda de 39.212 euros por un préstamo concedido a un cuñado. Alberdi no pudo intervenir en el acto, totalmente bloqueada por la situación.

Por el mismo motivo, además de su avanzada edad, ya octogenarios, no pudieron acudir a la rueda de prensa Mariluz y su esposo. Tienen una pensión no contributiva de 700 euros y deben responder por una deuda de 184.567 euros que queda del préstamo concedido por Bankia a sus hijos, una vez que estos vendieron su vivienda para intentar amortizarlo.

Tras relatar estos casos, desde Stop Desahucios dieron un plazo de quince días a las entidades bancarias -recordaron que PNV y PP son quienes toman las decisiones en Kutxabank- para que acepten su propuesta de dación en pago y alquiler social vitalicio. Advirtieron que, en caso contrario, se movilizarán en las puertas de estas entidades y que entonces «será una marea humana la que les haga entrar en razón».