No estaba en el guión marcado por el presidente español, Mariano Rajoy, pero ayer por la tarde su ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, reconoció que la cadena humana de la Diada fue «un éxito de convocatoria, organización, logística y comunicación» y recordó que «hay que escuchar a la calle». Por ello, declaró que es necesario un diálogo institucional para «convencer a los catalanes de que fuera vivirían mucho peor». Es una de las pocas ocasiones en que el verbo convencer sale de las palabras de un miembro del ejecutivo español.

De esta manera, Margallo rompió con la estrategia de Rajoy, que pasaba por despreciar la Via Catalana y seguir a lo suyo. Así lo hicieron, de hecho, la líder del partido en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que en vez de hablar del cerca de millón y medio de catalanes que el miércoles salieron a la calle, prefirieron hacerlo sobre «la mayoría silenciosa» que no lo hizo. Mayoría que tampoco estuvo entre las apenas 400 personas que reunió el PP en su acto de la Diada. Cabe recordarlo.

Pero el responsable de la diplomacia española -uno de los más activos hasta ahora contra el proceso catalán- no se quedó ahí, sino que consideró necesaria «una reflexión sobre la organización territorial» del Estado. Eso sí, sin reformar la Constitución, lo que ya limita, de entrada, el alcance del debate. «Es perfectamente posible reformar el tema de competencias y financiación sin cambiar la Constitución», declaró.

Las declaraciones de Margallo no abren, de ninguna manera, la puerta a la celebración de un referéndum sobre la independencia, pero son toda una novedad y van en la línea de lo que estos días se rumorea, en el sentido de que Mariano Rajoy podría ofrecer al president, Artur Mas, una reforma del modelo de financiación o algún tipo de consulta en el que la independencia no fuese una opción o en la que tuviese que votar todo el Estado español.

Demasiado tarde

Sea cierto o no que el Gobierno español ha empezado a entender algo de lo que sucedió el miércoles en Catalunya y esté preparando su contraoferta, es probable que ésta llegue demasiado tarde. Eso cabe pensar, al menos, teniendo en cuenta el inequívoco mensaje independentista de la Diada y las declaraciones realizadas ayer por todos los partidos soberanistas catalanes.

El propio conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, fue uno de los primeros en hablar ayer. Homs declaró que «todo no será igual» después de la Diada y que ahora es su obligación «dar soluciones». Aunque no habló de 2014, el portavoz señaló que «espera» tener la fecha y la pregunta a finales de año, en línea con las declaraciones realizadas por Mas el miércoles por la noche, tras la Via Catalana. «El pueblo catalán será llamado el año que viene para poder decidir su futuro», declaró el president, quien añadió que «es hora de que las autoridades españolas escuchen la voz de Catalunya y respeten su voluntad de decidir su futuro».

El Govern no habló, sin embargo, de la formulación de la pregunta, después de que durante los últimos días se mostrase abierto a aceptar una pregunta de múltiples respuestas para contentar a sectores como los del PSC. Algo a lo que se oponen tajantemente sus socios de legislatura, ERC, que piden una pregunta clara e inequívoca que solo deje margen para dos respuestas: sí o no.

Así lo expresó ayer la secretaria general del partido, Marta Rovira, quien declaró que «una vez hecha la movilización ciudadana, ahora es la hora de la política, los ciudadanos quieren pasar de gritar independencia a votar independencia». También habló el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, para quien «la Via Catalana ha servido para demostrar al mundo la voluntad de los catalanes». «Haremos todo lo posible para que la consulta se celebre en 2014», manifestó.

Dentro del bloque favorable al derecho a decidir, el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, también compareció ante los medios para señalar que «no se puede continuar ignorando la demanda del derecho a decidir». «¿A qué esperan?», se preguntó Herrera, quien instó al Gobierno español «a mover ficha», ya que «no se puede poner límites a la reivindicación de un pueblo, que hoy es el derecho a decidir».

Desde la CUP, a última hora del miércoles se envió un comunicado en el que su portavoz Àlex Maymó reclamó mantener «la tensión movilizadora más allá del Onze de Setembre para poder hacer efectivo el derecho a decidir». «Ni el Gobierno español, ni los mercados financieros pueden impedir que sean los y las catalanas los que decidan su futuro como pueblo en un referéndum vinculante que debe tener lugar en 2014», añadió.

El PSC y su vía

En terreno de nadie se situó, como viene siendo habitual, el PSC. Su portavoz parlamentario, Maurici Lucena, trasladó su «felicitación más sincera» a los promotores de la cadena humana, así como «a todos aquellos actores que con tanto entusiasmo han apoyado su celebración y han contribuido a su éxito». Además, Lucena compartió diagnóstico con los partidos soberanistas, al declarar que «si alguna cosa demuestra la cadena humana es que hay un problema político de primer nivel en el encaje entre Catalunya y España, y a partir de hoy los políticos tenemos que dar soluciones».

Otro cantar fue, sin embargo, el tratamiento recomendado por los socialistas para hacer frente al diagnóstico: «Pienso sinceramente que el PSC y el PSOE son los que hacen de manera más nítida una oferta para salir del problema». Una oferta que no es otra que «un modelo federal, con una mejora del autogobierno y seguir juntos con una mejora de las condiciones para Catalunya», según explicó el propio portavoz.

Por último, también cabe destacar a la principal artífice de la cadena humana de la Diada, la Assemblea Nacional Catalana. Su presidenta, Carme Forcadell, definió la Via Catalana como «la acción histórica más masiva que se ha visto nunca en nuestro país». Igual que el miércoles, Forcadell insistió en que el 2016 queda demasiado lejos y trazó la hoja de ruta que debería seguir el proceso: consulta en 2014 y si no es posible, elecciones plebiscitarias o declaración unilateral de independencia, pero todo el año que viene. «Cualquier camino es bueno, si es democrático», concluyó.