El emblemático servicio británico de correos Royal Mail, creado hace 500 años por Enrique VIII, dejará de ser público y saldrá a Bolsa en las próximas semanas. Se trata de una de las privatizaciones más importantes desde que Margaret Thatcher vendiera British Gas y British Telecom en los 80 e irá acompañada de condiciones favorables para intentar convencer a sus trabajadores, que se movilizan contra este proyecto.

El Ejecutivo británico lo anunció ayer como parte de una estrategia para recortar el déficit público, pero sin dar más detalles, provocando la indignación de sindicatos y oposición. Según las encuestas, el 70% de los británicos se oponen a la privatización.

La coalición de Gobierno venderá al menos el 41% de Royal Mail y cederá a los 150.000 trabajadores el 10% de las acciones, sin cargo. De todos modos, el Estado se reserva la posibilidad de ser flexible sobre la porción de la empresa a vender, dependiendo de las condiciones de mercado y la demanda de los inversores.

Royal Mail y el Gobierno asumieron que no es descartable que los trabajadores vayan a la huelga.

El Ejecutivo ya había anunciado en julio que pensaba privatizar más del 50% de Royal Mail, después de que la competencia de las comunicaciones en internet fuera argumento para una reestructuración. Su venta parcial podría aportar 3.000 millones de libras (unos 3.570 millones de euros).

La oposición laborista advirtió de que se trata de «una venta con motivos políticos» y que «no se ha tenido en cuenta el impacto en los consumidores, los negocios y las comunidades».

Por su parte, los sindicatos sostienen que se recortarán empleos y el servicio empeorará. «La privatización pondrá en riesgo empleos y servicios y llevará a un aumento de los precios para los clientes», dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (CWU), Billy Hayes. El CWU someterá a votación de sus afiliados las posibles acciones contra esta venta.

El Gobierno ha tratado de calmar a los críticos al asegurar que 11.500 oficinas de correos -que dependen de otra empresa (Post Office) creada en 2012- seguirán en manos públicas.

Una iniciativa «insuficiente» para Mario Dunn, director de la campaña «Save our Royal Mail», quien subrayó que «esa pude ser una buena noticia para los banqueros, pero es una mala noticia para sus clientes». Dunn denunció que «las personas mayores, los habitantes de zonas rurales y las pequeñas empresas se verán especialmente afectadas por las inevitables subidas de tasas y los recortes de servicios que tendrán lugar» con esta venta.

Royal Mail ha incrementado sus ganancias en los últimos años gracias al aumento de las compras por internet, al recorte de gastos y al aumento del precio de los sellos.