La Audiencia Nacional española ha condenado a duras penas de entre 10 y 18 años de cárcel a cuatro independentistas gallegos por los delitos de integración en «banda terrorista», tenencia de explosivos y falsificación. El tribunal de excepción considera probada la existencia de una organización «terrorista» en Galiza, «Resistencia Galega» y la pertenencia a ella de los cuatro condenados. Los abogados de la defensa denunciaron no haber recibido la sentencia antes de conocerla por los medios de comunicación y anunciaron la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Eduardo Vigo, de 28 años, y Roberto Rodríguez, de 35, detenidos el 30 de noviembre de 2011, tendrán que cumplir 18 años de prisión. Antón Santos, de 27 años, y María Osorio López, de 34, arrestados el 3 de diciembre de ese mismo año, deberán permanecer encarcelados diez, después de que la Sección Tercera de la Audiencia española les exculpara del delito de tenencia de explosivos.

El fiscal Marcelo de Azcárraga había solicitado entre 12 y 20 años de cárcel para los cuatro acusados por varios delitos de «terrorismo» con el objetivo de «lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal».

Durante el juicio celebrado el 24 de junio ante el tribunal presidido por Alfonso Guevara, los cuatro independentistas, a quienes la Policía afirmó haber requisado diverso material explosivo o incendiario y documentación independentista, negaron pertenecer a «Resistencia Galega».

En declaraciones al diario digital «Sermos Galiza», Borxa Colmenero, uno de los abogados de la defensa, admitió ayer que «no esperaba una declaración tan dura» y anunció una «inminente» apelación una vez que tengan en su poder la sentencia.

El portavoz nacional de Anova, Xosé Manuel Beiras, manifestó que estas condenas hay que «encuadrarlas en la política reaccionaria de involución a respecto de los derechos cívicos y democráticos que se viene practicando por los gobiernos del Estado español». «Una auténtica desconstitucionalización», subrayó.

Beiras aseguró que «estamos en un mundo al revés» cuando «el Estado deja de velar por la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos y los colectivos de las naciones, y cuando deja de ser el Estado de bienestar y se convierte en el Estado de la represión penal», al tiempo que se produce el «espectáculo denigrante de ver a los auténticos delincuentes, como Urdangarín, paseando por la calle».