LAB denunció ayer en Bilbo que «la reforma de la negociación colectiva condena a la pobreza a las trabajadoras del sector conservero». Zaloa Ibeas, responsable del área de la Mujer de LAB, Araitz Aja, de la Federación de Servicios Privados, y Agurne Gaubeka explicaron que a las mil trabajadoras del sector se les imponen «las condiciones laborales de forma unilateral. Quieren individualizar este proceso. Esta situación -explicó Ibeas- está acarreando graves consecuencias para el conjunto de la clase trabajadora y, muy especialmete, para los sectores más precarios».

En la rueda de prensa en la que comparecieron un grupo de trabajadoras, recordaron que «los sectores feminizados precarios tienen una característica común: la atomización, grandes tasas de eventualidad, centros de trabajo con un número muy pequeño de trabajadoras que les imposibilita tener representación sindical».

Zaloa Ibeas demandó la necesidad de contar con convenios provinciales en estos sectores. «Son imprescindibles para poder asegurar la mejora de las condiciones laborales de todas las trabajadoras». Sin embargo, la reforma de la negociación colectiva va en sentido contrario, «con lo que las condiciones laborales de estas trabajadoras están empeorando día tras día y por hacer el mismo trabajo están percibiendo menores salarios, con lo que se condena a a las mujeres a mayores niveles de pobreza y exclusión social».

Agurne Gaubeka explicó que en el sector conservero y de salazones de Bizkaia trabajan unas 1.000 personas, el 80% son mujeres. «Trabajan para grandes empresas como Campos o Conservas Ortiz».

La responsable del sector de LAB explicó que desde el 2003 llevan sin renovar el convenio, aunque en 2007 UGT y CCOO firmaron un convenio de eficacia limitada «pero no mejoraron las condiciones laborales». Todas las empresas del sector tienen beneficios de más de tres millones, pero con la llegada de la reforma, «las empresas decidieron aplicar el convenio estatal». La mayoría lo aplicará a partir del año 2014, con lo que los salarios de media de estas trabajadoras fijas discontinuas que van de 700 a 800 euros «se reducirán», ya que perderán 600 euros al año y tendrán que trabajar ocho horas más.

LAB reclama en los juzgados la ultraactividad y se movilizará, pero critica «la dejación que ha hecho de ELA en este tema, dado que tiene la mayoría de la representación».