La Mesa del Parlamento de Gasteiz acordó convocar para el 10 de noviembre un sencillo acto con motivo de la celebración del Día de la Memoria. La cita será a las 10.30 de la mañana; se encenderá un pebetero, se colocará un ramo de flores sin ninguna inscripción, se guardarán cinco minutos de silencio, habrá txistularis y la presidenta leerá un texto aprobado el pasado 14 de marzo con el voto favorable de todos los grupos, salvo la abstención de UPyD.

Ese texto dice textualmente: «La paz y la convivencia futura requieren el reconocimiento de la injusticia de la violencia, el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación».

El secretario primero de la Mesa, Antón Damborenea, del PP, votó en contra. Este partido considera que el Día de la Memoria se creó para homenajear a «las víctimas del terrorismo».

Negociaciones

A lo largo de toda la jornada, se sucedieron en el Parlamento los contactos entre grupos para llegar a un acuerdo que facilitara una declaración institucional y un llamamiento a otras instituciones a hacer sus propias convocatorias.

El PP intentó incluir la palabra terrorismo en el texto, pero la mayoría rechazó introducir cambios en lo ya aprobado en marzo. Entonces, pretendió que el preámbulo hiciera mención a la Ley de Víctimas. EH Bildu propuso que también se incluyera una mención al decreto de reconocimiento de las víctimas de la violencia de motivación política, que de momento abarca el periodo 1960-1978. El PP se negó a ello. Hubo otro intento de hacer una referencia genérica a la normativa aprobada. El PP tampoco la aceptó. La declaración institucional no fue posible y se buscó el acuerdo en la Mesa.

Sémper contradice a Urquijo

Al mediodía, cuando empezaban a trascender las negociaciones, el portavoz del PP, Borja Sémper, compareció ante la prensa para afirmar que su grupo era favorable al acuerdo pero para «reconocer, homenajear y recordar a las víctimas del terrorismo de ETA, del GAL, del BVE y a todas aquellas víctimas que en democracia han sufrido vulneración de derechos humanos». No se había equivocado al hablar de las víctimas «en democracia». Según esta nueva teoría del PP, reconocer las vulneraciones de derechos humanos de la dictadura sería como «equiparar una dictadura con un régimen de libertades».

La explicación -que pretendía justificar su oposición al acuerdo- es contradictoria con la argumentación mantenida por el PP hasta la fecha. Cuando el Gobierno de Patxi López presentó su informe sobre las víctimas de vulneraciones de derechos, Carlos Urquijo afirmó que «el PP no admite que en este segundo periodo del 77 al 85 se cuestione la acción de gobiernos legítimos de la UCD y del PSOE, afirmando que hubo violaciones a los derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en los primeros años de la democracia, donde se combina la represión ejercida desde algunos agentes públicos con la acción de grupos parapoliciales y de extrema derecha y, esto es lo grave, alentados o tolerados desde ciertas instituciones del Estado español. Para nosotros esta referencia es un exceso inadmisible que queremos denunciar».

El resto de grupos atribuyó las maniobras realizadas ayer por el PP a un afán de evitar que se produjera un acuerdo.