Un tribunal de instrucción de Madrid determinó que la destrucción y modificación de los discos duros de dos ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas no constituye delito, al menos en estos momentos.

La juez de instrucción María Esperanza Collazos concluyó que no existe un delito de daños informáticos, porque Bárcenas no pudo acreditar que los ordenadores fueran suyos, aportó información de uno de ellos en un lápiz de memoria externa y el PP destruyó el contenido siguiendo sus protocolos internos. Estimó que no se puede atribuir un delito de «encubrimiento» en este momento, por lo que ordenó el sobreseimiento provisional del caso.

«No existe delito de encubrimiento si no se encubre un delito y este no ha sido probado (...)», dijo la juez en el auto fechado el 30 de octubre, en el que se declara competente para investigar esta causa y la supedita a la instrucción original en la Audiencia Nacional española.

Sostiene además que los ordenadores que estaban en la sede del PP en la calle Génova de Madrid, «pertenecen al titular del inmueble» y son propiedad del PP «salvo prueba en contra».

El magistrado Pablo Ruz, que investiga la presunta contabilidad irregular en el PP, remitió el caso en setiembre a este tribunal para que analizara la actuación del PP, que destruyó el contenido una vez que Bárcenas ya estaba imputado por numerosos delitos fiscales por los que está en prisión provisional.

Los dos ordenadores que utilizaba Bárcenas hasta que dejó de trabajar en el PP a principios de año contendrían la información original de los llamados «papeles de Bárcenas», la presunta contabilidad irregular del partido, con sobresueldos y donaciones ilegales. Pero cuando el juez de la Audiencia Nacional ordenó en agosto que se volcara la información de los dos ordenadores para contrastarla con los lápices de memoria externa en los que Bárcenas se llevó la documentación, no se encontró ningún documento.

Ruz cita a declarar a Aguirre

Por otra parte, Ruz acordó citar a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa. El magistrado le dio la opción de declarar por escrito.