La votación, que se llevó a cabo ayer tarde en el Congreso de los Diputados, rechazó todas las enmiendas presentadas por los grupos, el texto alternativo que solicitaba IU y la petición de avocación a pleno.

Durante su intervención, el ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió una normativa que, a su juicio, «da estabilidad regulatoria y financiera al sistema» y anunció que, a partir de ahora, cualquier desajuste entre ingresos y costes del sistema por encima del 2% conllevará una subida automática de los peajes, parte regulada de la tarifa eléctrica.

El proyecto de Ley del Sector Eléctrico es la principal norma de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno del PP con el objetivo de «atajar» el déficit de tarifa, un desfase generado entre los ingresos y los costes del sistema que supera los 26.000 millones de euros.

«Mientras se acumule deuda no se bajarán los peajes», subrayó Soria, que volvió a defender el nuevo marco retributivo para las actividades reguladas y el modelo para el autoconsumo que conlleva el pago de un peaje de respaldo para los que opten por esta opción. Soria insistió en que la alternativa a no tomar medidas era subir la luz un 42%.

Desde la oposición, las críticas a la ley se centraron en dos aspectos: el cambio de retribución a las renovables y la regulación del autoconsumo.

El diputado de Compromís Joan Baldoví inició las intervenciones de la oposición con las manos arriba para escenificar el «atraco» que supone esta normativa dictada por los «grandullones codiciosos» de las eléctricas para impedir «una verdadera democracia energética, hundiendo las renovables y estrangulando el autoconsumo».

Unas duras críticas a las que se sumaron el resto de grupos de la oposición, que reclamaron auditorías que den transparencia al modelo de fijación de precios en el sistema eléctrico y afearon el «oscurantismo» del Gobierno en la elaboración de normativas. La diputada de Amaiur Maite Aristegi señaló que «una reforma que debería dar luz, nos lleva a la oscuridad».

A juicio de Aristegi, la reforma energética «responde a los intereses de las grandes empresas como Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa, a los que calificó de «vampiros». Denunció además que se trata de un paso más en la recentralización del Estado, motivo por el que reivindicó un sistema energético propio y soberano para Euskal Herria.

Desde ICV, Laia Ortiz reclamó un modelo energético alternativo sin errores que supongan «un expolio a la ciudadanía», en un país donde las eléctricas obtienen el doble de beneficio que la media de eléctricas europeas.

El diputado del PSOE José Segura insistió en lo que supone «un desmantelamiento a las renovables» y apuntó que en el Estado español no para de aumentar la pobreza energética.