El Gobierno español mintió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la vista celebrada el pasado 20 marzo, en la que se analizó el recurso sobre la «doctrina Parot». Entre sus argumentaciones, el Abogado del Estado, Francisco Sanz Gandasegui, aseguró que, en caso de que los jueces europeos derogasen el alargamiento artificial de penas, «serían puestos en libertad 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, uno del GAL y 14 presos comunes, entre los cuales hay delincuentes muy peligrosos castigados por violaciones y asesinados». No era cierto. Pese a lo afirmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la campaña desplegada para presionar a los magistrados, Ismael Miquel Gutiérrez, el considerado último preso por actos de guerra sucia en el Estado (concretamente, por la muerte de Robert Caplanne en Biarritz en 1985), se encontraba en tercer grado desde 2002. Así lo verificó ayer GARA tras hablar con el propio Miquel Gutiérrez, a quien el 8 de marzo de este mismo año (es decir, dos semanas antes de la vista en Estrasburgo) se le aplicó el control por pulsera telemática

El antiguo miembro de los GAL fue arrestado por tráfico de heroína en Tailandia en marzo de 1986, a donde había huido tras ser desarticulada la rama catalana de la guerra sucia. Pasó 11 años en la cárcel de Ban-Kwang, en Bangkok, hasta que en 1997 fue extraditado al Estado español. Allí fue juzgado en la Audiencia Nacional por su participación en la muerte de Caplanne. En total, sus condenas sumaban 40 años por narcotráfico (que sustituyeron a la cadena perpetua que se le había impuesto en el país asiático, que terminó indultándole) y 65 por diferentes delitos relacionados con su participación en los GAL. Esta fue la segunda sentencia en la que los jueces españoles consideraban «organización armada» a condenados por actos de guerra sucia. Finalmente, el Tribunal Supremo refundió ambas penas en 2000, lo que abrió la puerta al tercer grado.

17 años en prisión

En total, Miquel Gutiérrez ha permanecido entre rejas algo más de de 17 años (16 de ellos, de forma ininterrumpida). No obstante, todavía no ha sido definitivamente licenciado, por lo que, legalmente, se considera que su pena se ha alargado por espacio de 27 años, pese a que hace tiempo que solo acude a la prisión a firmar. El fin de la condena, que tras la aplicación de la doctrina estaba fijado para 2016, debería de llegar ahora con la derogación decretada por el TEDH. No obstante, él descartó un recurso y confió en que esta se aplicase «de oficio» por los jueces. En su caso, los de la Audiencia Nacional, que son quienes le sentenciaron.

«He cumplido 17 años, ellos sabrán por qué me han alargado las penas», afirmó Miquel Gutiérrez en conversación telefónica con este diario. Su relato contradice por completo la versión ofrecida por el Gobierno español, que presentó este caso, junto al de presos vascos, como argumento para justificar la «alarma social», que fue la base de su defensa en Estrasburgo de la «doctrina 197/2006». Según indicó, aproximadamente en 2002 («han pasado muchos años, no recuerdo exactamente las fechas», precisó) accedió al tercer grado y, progresivamente, comenzó a recibir permisos. Según su versión, debería de haber sido licenciado en 2004. No ocurrió así porque le denegaron cinco años de redenciones. En este proceso de recursos llegó la nueva doctrina 197/2006 impuesta por el Tribunal Supremo, que le fue aplicada, por lo que regresó, durante año y medio, a la cárcel de Tarragona, la más cercana a su domicilio. «Sin haber cometido ningún delito ni nada más», protestó.

Allí permaneció otro año y medio hasta 2007, cuando se reinició el proceso de permisos. Primero, pernoctando en prisión y saliendo para trabajar. Finalmente, con el control telemático, aplicado desde el 8 de marzo de este año. Un extremo confirmado, además de por Miquel Gutiérrez, por fuentes jurídicas. El antiguo miembro de los GAL, que se siente «utilizado» por el Estado, no quiso entrar en detalles sobre la guerra sucia. «Todo el mundo sabe quién estaba detrás», afirmó.