MADRID
El ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, manifestó ayer que «lo que tenemos entre manos, en ningún caso es una modificación de la legalidad para conseguir establecer la disolución definitiva e irreversible de la violencia terrorista de ETA y de su capacidad intimidatoria, porque quienes tienen esos crimenes tan terribles van a depurar sus condenas enteramente».En entrevista concedida a la cadena Ser, el mandatario español insistió en que «esos criminales con las manos manchadas de sangre van a ver depuradas sus responsabilidades penales de manera entera y completa, sin remisión».
«La ley no se va a modificar para ir al encuentro de los terroristas, lo que significa que ni la Constitución, ni el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ni por supuesto el Estatuto de Navarra, ni la Ley Orgánica de Partidos se van a modificar para dar satisfacción a ninguno de los crimenes de la banda» agregó, tras afirmar que «ETA no tiene ninguna oportunidad de salirse con la suya, ya que ha comprendido que no tiene ninguna oportunidad de conseguir ningún objetivo a través de la violencia».
En esta línea, López Aguilar acusó al PP de actuar con «mala fe» por lanzar, a su parecer, el «mensaje desmoralizante de que ETA se siente ganadora».
También el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Jiménez se refirió al proceso abierto tras el alto el fuego de ETA, afirmando que el papel de los jueces debe ser «aplicar la ley, pero teniendo en cuenta que vive en la arena social, no en una torre de marfil».
«Nuestro deber es saber lo que está pasando» declara Jiménez en una entrevista concedida a “Deia”, aunque defiende la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional porque «no creo que sean inoportunas desde el punto de vista jurídico».
A su parecer, «el principio de la justicia es el principio de la legalidad, y esto puede llegar a ser inoportuno», pero añade que «una vez dictadas las sentencias se abre una fase de ejecución de lo juzgado donde reina, o puede reinar, la oportunidad sin mengua de la legalidad, porque hay un elemento que es el indulto, que no es arbitrario ni general, y que depende del poder Ejecutivo».
«Esto puede suponer tragar algunos sapos, pero es legal», apunta el magistrado.
