El Gobierno de Lakua ha pretendido justificar sus acciones violentas de los últimos días esgrimiendo su obligación de cumplir la ley. En primer lugar, no es cierto que las instituciones autonómicas cumplan siempre la ley. De hecho, vienen incumpliendo de manera sistemática ­y de acuerdo con la mayoría social­ la ley de uso de la bandera española y varias sentencias al respecto del TSJPV. Tampoco la ley prohíbe expresamente los actos de homenaje a presos políticos muertos. Dicha prohibición fue una decisión política ­fácilmente calificable de inhumana­ del Departamento de Interior sin que mediara ningún requerimiento judicial ni más solicitud de algún partido que la del PP. Pero incluso la prohibición de manifestaciones no obliga a cargar contra ellas. Cuando ha querido, la Policía autonómica ha demostrado disponer de recursos y medios suficientes para actuar contra los convocantes sin disolver la marcha. La actuación de la Ertzaintza en estos días ha sido, además de desproporcionada y sumamente violenta, políticamente premeditada. Esto, desde un punto de vista democrático, exige depurar responsabilidades llegando hasta donde haga falta, hasta Javier Balza o hasta Juan José Ibarretxe. -

...y en los rectores de la política penitenciaria
La violenta y premeditada actuación del Departamento de Interior del Gobierno de Lakua en los últimos días no puede hacer olvidar la causa que está en el origen de las movilizaciones populares, que es la muerte en prisiones españolas de los presos políticos vascos Igor Angulo y Roberto Sáinz, el primero de ellos en oscuras circunstancias y el segundo después de haber manifestado reiteradamente los dolores que sufría y que desembocaron en un infarto. Es preciso exigir que ambas muertes se investiguen de manera transparente y hasta sus últimas circunstancias, una práctica, por otra parte, poco habitual en las Instituciones Penitenciarias españolas. Pero también es preciso que desde el Estado se asuman las responsabilidades políticas de una estrategia de utilización de los presos vascos como rehenes, sometidos a una práctica de aislamiento y restricción de los derechos más elementales que busca su aniquilamiento sicológico y físico. -

La reforma del Estatut sigue el camino elegido

La Ponencia Congreso-Parlament para la reforma del Estatut finalizó ayer sus trabajos y el texto consensuado comenzará a debatirse en la Comisión Constitucional. El documento resultante es el fruto del pacto alcanzado por el presidente del Gobierno español con el líder de CiU y avalado por el PSC e ICV. Pero es también el resultante de la estrategia elegida por las fuerzas políticas catalanas para negociar y acordar su reforma estatutaria. El texto podrá ser todavía sometido a cambios, pero éstos no afectarán ya a su columna vertebral. Al final, será la propia sociedad catalana la que tenga la última palabra sobre el contenido del nuevo Estatut, pero quizá no sean pocos los que lamenten no haber movilizado antes a la ciudadanía. -