MADRID

Aunque en cada resolución, el juez Del Olmo precisa los delitos que imputa a cada uno de los detenidos a los que ha prorrogado la prisión hasta el límite de cuatro años prevista por la ley, todos ellos tienen como argumento común para mantener el encarcelamiento que están «inmersos en un procedimiento de gran complejidad y de especial gravedad en España», son «nacionales extranjeros» (salvo el ex minero José Emilio Suárez Trashorras) y sus arraigos en el Estado español no son suficientes para conjurar el riesgo de fuga, porque tienen vínculos afectivos-culturales-idiomáticos fuera del estado.

Además, según el juez, el entorno en el que cada uno de ellos se «desenvolvía en libertad estaba íntimamente relacionado con la delincuencia». «A ello cabe añadir la realidad de un tipo de delincuencia organizada transnacional, terrorista y con repercusión internacional, con reiteradas manifestaciones violentas en tal sentido, y que actúa a través de redes que superarn el marco de las fronteras estatales, participando de una visión peculiar de lo que puede resultar no sólo una estrategia terrorista internacional, sino unas tácticas que no se ven limitadas por sentimiento de supervivencia personal, ni de exclusión de ‘objetivos’ (terrorismo indiscriminado)», señala la resolución.

Han prorrogado, además de a Suárez Trashorras (al que el juez dice que puede ser tratado de su dolencia siquiátrica en prisión), Jamal Zougam, Hamid Ahmidan, Rachid Aglif, Fouad el Morabit Amghar, Basel Ghalyon, Otman El Gnaoui, Abdelilah el Fadoual el Akil y Rafa Zouhier.