BILBO
Dos malabaristas y varias personas ataviadas de juglares denunciaron ante la sede del Gobierno de Lakua en Bilbo las situaciones de pobreza y exclusión social que se están produciendo en Euskal Herria y llamaron la atención sobre «las dificultades que atraviesan miles de familias vascas para ver cubiertas sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, vestuario, educación y atención sanitaria, al encontrarse en paro, trabajando en precario o recibiendo unas pensiones míseras».Tras una pancarta con el lema «Malabarismos para poder llegar a fin de mes», plataformas por los derechos sociales y contra la exclusión realizaron una concentración para denunciar la especulación inmobiliaria y la «situación de extrema necesidad» en la que se encuentran Marisa Seco Rueda, de 48 años y con una hija de 9, y Arantxa Gil del Campos, de 38 años y con una hija de cinco.
Según señalaron, Gil del Campo «tiene fijada la orden de finalización de contrato de arrendamiento y, por lo tanto, de desalojo, para el 31 de julio». Seco, por su parte, ha recibido «la sentencia judicial en la que se le conmina a abandonar su casa y está a la espera de que desde el Juzgado se fije de forma inminente la fecha de desalojo». Ambas mujeres son trabajadoras del sector de la Limpieza y, «sin ingresos estables por su empleo esporádico, no pueden hacer frente a un alquiler que en Bizkaia ronda los 675 euros mensuales de media, por lo que su única esperanza es una vivienda en régimen de alquiler social».
Madrazo, responsable
Las plataformas contra la exclusión social señalaron que, sin embargo, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de Lakua considera «materialmente imposible realojarlas en una vivienda». Sin embargo, sostuvieron que la legislación en materia de vivienda «obliga al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales a realizar las gestiones necesarias para la adjudicación de una vivienda en alquiler social a las familias vascas en situación de extrema necesidad, como es el caso, en el cual la solicitud viene avalada por los informes favorables de los servicios sociales» a los que se han dirigido estas mujeres.
Por eso, responsabilizaron al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de esta situación y le instaron públicamente a realizar las gestiones necesarias para «hacer efectivo el derecho a la vivienda que asiste a estas familias».
Estas plataformas subrayaron que no se trata de una situación «casual» sino que ha sido generada por la «alarmante» precariedad laboral, el mercado inmobiliario, que está «por las nubes», y «la lentitud de las medidas que tanto pregona» el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.
Medidas contra la especulación inmobiliaria
Para hacer frente a la especulación inmobiliaria las plataformas plantean que Etxebide garantice una oferta «suficiente y asequible de vivienda pública en alquiler social» y que Lakua «impida que los ayuntamientos se deshagan del patrimonio público que poseen y la existencia de viviendas vacías». Además, piden al Ejecutivo que garantice que las AES sean un derecho para quienes no tienen recursos suficientes para costearse una vivienda y que los baremos de acceso contemplen los precios reales de un alquiler o una hipoteca. -
