El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad vasca. A pesar de hablar de derecho y nece- sidad básica, no sólo no está garantizado, sino que es patente la escasa o nula voluntad de las instituciones vascas para atajar esta lacra social.

Las diferentes administraciones vascas han dado manga ancha a la iniciativa privada, propiciando la especulación del suelo, el incremento del precio de la vivienda y la creciente dedicación de los recursos familiares (60% de la renta disponible) para la adquisición de una vivienda.

El ejemplo más claro de esta irresponsabilidad institucional es el acuerdo suscrito por el Gobierno de Lakua y el PSE. El interés político de EB y la coincidencia de intereses comunes entre PNV y PSE han dado como resultado el nuevo bodrio legal que está siendo debatido en el Parlamento de Gasteiz.

Se trata de una ley que no plantea políticas públicas de suficiente envergadura para apuntar cambios en la política de vivienda; no es una ley que tenga como objetivo liderar desde la iniciativa pública las políticas de vivienda, no es una ley que ponga freno a la especulación del suelo y no es una ley progresista.

Estamos ante un instrumento que no soluciona el problema de suelo que padece Euskal Herria, y menos aún resuelve el de la parte de territorio que regula, es decir, de la CAPV.

Además, no garantiza el derecho que tenemos toda la ciudadanía a disfrutar de una vivienda digna. En este sentido, no entendemos como una ley que se dice tiene talante progresista introduce la figura de las viviendas de precio tasado (un 20%) en la modalidad de Viviendas de Protección Oficial. De esta forma, con las viviendas de precio tasado (más caras que las VPO) no sólo se reduce la reserva de VPO, sino que además, favorece a quienes más tienen.

El proyecto de Ley tampoco establece ningún instrumento eficaz para la promoción de viviendas sociales, promoción necesaria, dado que colectivos (jóvenes, mujeres, inmigrantes...) y personas (trabajos temporales, economía sumergida...) quedan fuera de los baremos establecidos para las VPO.

Asimismo, tampoco se potencia el uso de la vivienda, es decir, no se impulsa el alquiler público. En la ley debiera prevalecer la vivienda de alquiler en todas las promociones. En este senti- do, cabe mencionar que, mientras en el Estado español la vivienda de alquiler es del 12% del total (10% alquiler pri- vado, 2% alquiler público) en otros países de Europa el porcentaje es de: Alemania, 62% (36% privado, 26% social), Austria, 45% (23% social, 22% público), Dinamarca, 45% (19% social, 26% privado), Estado francés, 36% (17% social, 21% privado). Estos mismos datos en Hego Euskal Herria, según el Censo de Población y Vivienda (2001) suponen: Viviendas en propiedad: Araba 88%, Biz- kaia 88%, Gipuzkoa 87%, Nafarroa 86%; viviendas en alquiler: Araba 7%, Bizkaia 7%, Gipuzkoa 8%, Nafarroa 8%.

A pesar de que uno de los objetivos de la ley ­supuestamente­ es la lucha contra la especulación, no se plantea ninguna medida eficaz para acabar con ella. En este sentido, y a pesar de que la primera gran causa del encarecimiento de la vivienda es el precio del suelo, no se realiza ninguna reforma en el concepto y uso de éste. Creemos que el punto de partida para acabar con el problema de la especulación debe ser la naturaleza social del suelo. Por ello, nos preocupa la gran autonomía que tendrán los ayuntamientos en relación con las recalificaciones, dado que éstas son un medio inmejorable para la autofinanciación, impulsando así la especulación.

Finalmente, mencionar que en el Proyecto de Ley no se establece ningún instrumento para que las viviendas actualmente vacías (245.422, un 5.6% más que la media europea) salgan al mercado y sean usadas. Desde LAB proponemos que sea garantizada la función social de la propiedad articulando instrumentos que en base a la utilidad pública y el interés social posibiliten movilizar el parque de vivienda vacía. El mismo argumento puede utilizarse para forzar la rehabilitación de viviendas que no se encuentren en condiciones de habitabilidad y así garantizar su uso y aprovechamiento.

En definitiva, creemos que la futura normativa no garantiza el derecho a la vivienda, no hace frente a la especulación y refuerza la iniciativa privada. Por ello, exigimos que sea retirada y que se elabore una nueva Ley del Suelo que haga frente y resuelva realmente el grave problema que la vivienda está generando en Euskal Herria. -