GASTEIZ

Tanto EHAK como PP mantuvieron ayer firmes sus enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Aguas, que gracias al apoyo del PSE saldrá adelante; Aralar mantiene sus cincuenta enmiendas parciales a la espera de fructíferas conversaciones con los impulsores de la ley.

Ayer se vio que lo que para los primeros supondrá una privatización de un bien tan preciado, para los otros es todo lo contrario; lo que para esos mismos supondrá una asunción competencial por parte del Ejecutivo en detrimento de diputaciones y ayuntamientos, para otros es al revés; lo que para unos significará un doble pago por el agua que consumimos, para los otros es... Aquí es donde las cosas no quedaron claras. El texto a debate lo define como un «canon ecológico», cuyo destino ­calculado inicialmente en unos 14 millones de euros, aunque saldrán menos­ serán actuaciones de carácter medioambiental, sin especificar cuáles. En palabras de Gerenabarrena, «cómo ayudarán los ciudadanos a pagar las cosas que tenemos que hacer». Porque, según él, no es una tarifa lo que se va a cobrar, sino una tasa, con lo que quien pensara que ambos términos se pueden utilizar como sinónimos, se equivoca.

Para EB y Aralar, este «impuesto progresista» ­a favor del cual debería estar todo partido de izquierdas, echó en cara Aintzane Ezenarro a EHAK­, servirá para «que quien contamine, pague», lo que no se entiende muy bien si quien lo va a costear será aquel usuario que se exceda en el consumo. Y para Nekane Alzelai, de EA, se trata de pagar el agua que consumimos, porque hasta ahora el recibo del agua sólo nos cobra el abastecimiento y el saneamiento. Esta última afirmación dejó boquiabierto a más de uno, mientras Iñaki Gerenabarrena (PNV) indicaba con gestos que eso lo decía su compañera Alzelai, no él.

El proyecto legislativo pasa ahora a ponencia, para discutir las enmiendas parciales, previa aprobación de la ley.