El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, que de madrugada envió a la prisión de Soto del Real a Juan Mari Olano, decidió ayer tarde que Juan Joxe Petrikorena siguiera la misma suerte que el representante del movimiento pro amnistía, mientras que Rafa Díez, Pernando Barrena y Arantza Zulueta quedaban en libertad, los dos primeros bajo fuertes fianzas. Con el balance de dos vascos más en prisión se cerraban ­a espera de la toma de declaración a Arnaldo Otegi­ las comparecencias fijadas por el magistrado tras la jornada de huelga y movilización que llevó a la calle a decenas de miles de ciudadanos vascos, el pasado día 9, y que según resaltaron la Consejería de Interior de Lakua, el delegado del Gobierno español en Nafarroa y muchos medios de comunicación no alteró la normalidad de la vida ciudadana.

Si algo queda claro tras leer los autos con que el magistrado ha despachado estas citaciones, es que el objetivo de las mismas no era otro que poner palos en las ruedas a un proceso político, y en particular a uno de sus activos más importantes, como es la izquierda abertzale. De hecho, la literatura de Grande-Marlaska pivota sobre la ampliación de la suspensión de actividades de Batasuna que él mismo promulgara y resalta, como principal delito de los comparecientes, el que hayan insistido en sus actividades políticas. Es ésa la piedra angular de las disquisiciones del sustituto de Baltasar Garzón, que, por lo demás, asimila la consabida tesis de que todo es ETA, aunque, a la postre, el magistrado decida medidas tan excepcionales como la prisión preventiva en base a la «seria probabilidad» (sic) de que esa organización impulsara a los citados a inducir acciones capaces por si solas de subvertir el orden constitucional tales como: poner pegamento en cerraduras, quemar neumáticos, lanzar pasquines o arrojar pintura.

Esos hechos, tan comunes en protestas en los astilleros de Cádiz o en la Sorbona de París, sirven para encarcelar a unos ciudadanos y para imponer cautelares a otros, sólo por ser actores destacados de la izquierda independentista. Una decisión, cara al tercer aniversario de la sentencia del Supremo que declaró ilegal a Batasuna, que no hará cambiar de carril a ese sector social. Aunque ello no resta un ápice de gravedad ni exonera las responsabilidades extrajudiciales que concurren en este ataque a los derechos civiles y políticos. -