La tesis esgrimida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española para llamar a declarar a seis representantes abertzales con motivo de la jornada de protesta y ordenar prisión para el primero de ellos se resume en una frase, recogida en la página 16 del auto de encarcelamiento de Juan Mari Olano: «(...) Obedecieron a una decisión adoptada primeramente por el frente militar (organización terrorista ETA) y, posteriormente, asumida, dirigida y coordinada por los frentes político-institucional y ‘de masas’ del entramado terrorista, y de los cuales Juan María Olano forma parte integrante (...) Participó en la decisión finalmente adoptada y asumió los resultados criminales».

Los «resultados criminales» a los que se refiere Fernando Grande-Marlaska en este auto, prácticamente idéntico a los emitidos ayer, son los 108 «actos violentos» que enumera, de uno en uno, y que se recogen en un informe remitido por la Ertzaintza. Entre ellos destaca (incluso está en negrita) el aviso en nombre de ETA de la colocación de cuatro artefactos en otras tantas carreteras de acceso a Euskal Herria, al igual que un aviso falso de bomba en Hernani. El juez acusa al portavoz del movimiento pro-amnistía de «inductor» de todos ellos.

Cabe recordar que aquel día 9, muchos representantes políticos, empezando por la portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, relacionaron esas acciones de la organización armada con la jornada de huelga y movilización.

Error, incluso en el lema

Estos con algunos de esos «hechos delictivos»: sellado de pivotes en Errenteria; utilización de silicona y pegamento en cajeros (habla de casos en Donostia, Bilbo, Balmaseda...); «desconocidos introducen algo en cerraduras de la oficina de Correos» en Bilbo (en otros casos alude a palillos); una pintada de «Dispersión vasca» en el batzoki Matiko de la capital vizcaina; barricadas varias; cortes de carretera mediante pancarta; la identificación en Irun de dos personas que «trasladaban en un vehículo carteles referentes a la huelga»;en Gasteiz, «50 personas en el interior del campus iniversitario, se desconocen sus intenciones»; «seis piquetes en la escuela de idio- mas» de Bilbo; «identificación de seis personas que repartían octavillas» en Bilbo; «se pegan carteles convocando a las manifestaciones» en Amurrio..

La jornada de huelga y movilización del 9 de marzo, convocada por la izquierda abertzale con motivo de las muertes de Igor Angulo y Roberto Sainz [de quien el juez dice que era «preso de la organización terrorista ETA», a pesar de que estaba en situación preventiva] y por la actuación represiva de la Ertzaintza contra los actos de despedida, se llevó a cabo, según dice el auto, bajo el lema «Dispersión asesina», cuando en realidad era «Dispertsiorik ez. Konponbide demokratikoaren alde». Es sólo uno de los errores que comete el juez, como el hecho de identificar a Joseba Alvarez como uno de los participantes en la rueda de prensa en la que la izquierda independentista convocó la jornada de protesta.

Precisamente, alude una y otra vez a esa comparecencia, que se celebró en Bilbo, para argumentar su tesis. En su relación de hechos, señala que ETA, en su comunicado del día 3, «llamaba a la movilización» en protesta por los fallecimientos de los prisioneros y que como «consecuencia de lo anterior, así como de la íntima conexión de Batasuna con ETA, de la cual es su frente político-institucional, el 5 de marzo de 2006, los miembros de aquélla, entre los que se encontraban Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez y Juan María Olano, comparecieron en rueda de prensa para anunciar la convocatoria».

Sostiene que la huelga y las movilizaciones, secundadas por decenas de miles de personas, fueron «otro pretexto para poner en cuestión la paz pública y el orden constitucional, lo cual es propio del entramado ETA-Batasuna, que hace del empleo del terror dosificado su única arma de comunicación social».

«Los hechos anteriormente descritos [el listado de 108] fueron instados y organizados directamente por Batasuna (...), en coordinación con el frente de masas de ETA constituido principalmente por las ilegalizadas Jarrai-Haika-Segi y siguiendo los dictados de ETA», insiste Grande-Marlaska, quien afirma que en todo ello ha ocupado «un puesto principal en su decisión y planificación Juan María Olano, como miembro de la ilegalizada Batasuna, así como de Gestoras pro-Amnistía», un organismo que dejó hace tiempo de existir.

Alude en más de ocación al «papel preferente» jugado por Olano en la rueda de prensa del día 5, pese a que la única persona que intervino fue Otegi. Y considerando que existe «un peligro concreto de fuga», decreta su prisión provisional. -