MADRID
El juez instructor de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska envió ayer a prisión a otro ciudadano vasco, en este caso el mahaikide Juan Joxe Petrikorena, que ingresó en la noche de ayer en la cárcel, al igual que hiciera la víspera Juan Mari Olano.Junto a Petrikorena tuvieron que comparecer ayer el secretario general de LAB, Rafa Díez, y el también mahaikide Pernando Barrena, para quienes el magistrado español fijó sendas fianzas de 100.000 y 200.000 euros, respectivamente, así como la abogada Arantza Zulueta, quien salió en libertad provisional sin ninguna medida cautelar en su contra, al margen de «comparecer cuantas veces fuera llamada». En su auto, en cualquier caso, Grande-Marlaska califica a Zulueta de «letrada del entramado terrorista», y señala que «podría obedecer a esta condición» su presencia en la rueda de prensa en la que se comunicó la convocatoria de huelga y movilizaciones del pasado 9 de marzo.
«Indicios de criminalidad»
Petrikorena, Barrena, Díez y Zulueta acudieron a la sede judicial de la calle Génova poco antes de las 11.30, acompañados de varios miembros de la Ejecutiva de LAB, como Ainhoa Etxaide, Mati Iturralde e Itziar Lopategi; de Joseba Permach, por parte de la Mesa Nacional de Batasuna;y de otros varios militantes abertzales y procesados en el sumario 18/98. También estuvieron asistidos por varios abogados, como Jone Goirizelaia, Kepa Landa, Aitor Ibero, Zigor Reizabal e Iker Urbina, entre otros.Rafa Díez fue el primero en entrar el despacho del juez español, seguido de Barrena, Petrikorena y Zulueta. Todos ellos rehusaron responder a las preguntas de las acusaciones. Los abogados de la AVT y de Dignidad y Justicia pedían prisión contra todos ellos, a excepción de la letrada, para quien este último grupo solicitaba que tuviera que comparecer los días que estimara el juez.
Tras ser citados a las 19.00 para darles a conocer los autos judiciales, éstos les fueron comunicados una hora más tarde. En su resolución contra Petrikorena, Barrena y Díez, calcada de la dictada la víspera contra Juan Mari Olano, Gran- de-Marlaska afirma que «existen indiciones racionales de criminalidad»; en el caso de los dos mahaikides, habla de «su participación en un delito de integración en organización terrorista»; y en el caso del dirigente de LAB, el juez especial hace alusión a «un delito de colaboración con organización terrorista».
A los dos miembros de Batasuna, el magistrado de la Audiencia Nacional les acusa también de «inductores» de los «desórdenes públicos y coacciones con fines terroristas» que, a su parecer, se produjeron en la jornada de huelga en protesta por la muerte de Igor Angulo y Roberto Sainz.
En lo que a Díez se refiere, su auto señala que «respecto a las imputaciones a título de inductor», «no se verifican en su persona datos objetivos suficientes», aunque deja abierta la puerta para imputarle también por este hecho.
Respecto a Petrikorena, el único contra quien ordenó ayer su ingreso en prisión, el juez Grande-Marlaska sostiene que puede procesarle por un «delito de integración» a pesar de estar imputado por este mismo motivo en la causa abierta contra EHAK, y argumenta como motivo para dictar su encarcelamiento y no fijar una fianza «el hecho de estar imputado en otra causa y en situación de libertad bajo fianza de 100.000 euros», de lo que «cabe concluir no sólo un peligro concreto de fuga, sino, asimismo, un pronóstico razonable de reiteración delictiva».
Respecto a Barrena, el magistrado basa los «indicios racionales de criminalidad» en el hecho de que «ocupa puestos claves dentro de la ilegalizada Batasuna, desde hace tiempo y hasta el día de la fecha».
En cualquier caso, tras señalar que «no consta su imputación en otra causa, ni medida cautelar contra su persona», considera «proporcional acordar su libertad provisional, si bien para garantizarla deberá prestar en el plazo de una semana la fianza de 200.000 euros». Mientras tanto, el dirigente independentista deberá firmar todos los días «en la comisaría de la Ertzaintza perteneciente a su domicilio» cabe recordar que Barrena reside en Nafarroa, obligación que será quincenal tras depositar la fianza.
«Dio cobertura»
Idéntico plazo establece Grande-Marlaska para que Rafa Díez deposite los 100.000 euros de fianza, así como la misma obligación de firmar en la comisaría de la Policía autonómica.En el auto dictado en su contra, el juez acusa al secretario general de LAB, precisamente por ocupar este cargo, de «dar cobertura a los actos de violencia callejera convocados por Batasuna el 9 de marzo». Recuerda, además, que está impu- tado en la causa contra Aukera Guztiak, aunque señala que no pesa sobre él ninguna medida cautelar, por lo que ha decidido fianza.
Sobre Zulueta dice que «no consta al momento actual que su intervención fuera directa a la materialización de hechos criminales».
