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Gara > Idatzia > Jendartea 2006-03-17
Semana contra el racismo y la xenofobia
Exigen a Alfonso Alonso que reempadrone a 489 inmigrantes
El presidente de SOS Racismo Araba, Fede García, exigió ayer al Ayuntamiento de Gasteiz que vuelva a empadronar a los 489 inmigrantes que dio de baja «unilateral e ilegalmente» hace casi tres años. Basa su petición en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara nula dicha actuación municipal. Advierte que hará uso de la ley si no cumple el mandato judicial.


Exigen a Alfonso Alonso que reempadrone a 489 inmigrantes

GASTEIZ

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el pasado 10 de marzo los recursos administrativos interpuestos por SOS Racismo Araba frente a las actuaciones adoptadas hace ya tres años por el Ayuntamiento de Gasteiz, que desembocaron en el desempadronamiento de 700 personas extranjeras que se hallaban, provisionalmente, empadronadas en la sede social que el colectivo tenía en la calle Zapatería. Cuando se produjo la baja definitiva la decisión afectó a 489 personas. La actuación incorporaba, asimismo, la prohibición municipal de seguir empadronando en dicho local.

SOS Racismo Araba exigió ayer al Consistorio gasteiztarra que cumpla con la obligaciones legales que se derivan de la sentencia. Su portavoz, Fede García, insistió en que «si no la recurre, lo primero que debe hacer» es aplicar la sentencia «de manera automática» y volver a empadronar a estas personas, que «vieron como, de un día para otro, se reducía a cenizas el primer peldaño de su inserción social».

Situación de exclusión social

Esta asociación advirtió, asimismo, que cualquier otra actuación municipal contraria a este mandato judicial supondrá que «nos volverá a tener en frente con la legalidad en la mano», con el fin de reponer el «deber municipal» de aceptar el empadronamiento de personas en situación de exclusión social.

García explicó que en las pruebas pertinentes que se solicitaron a las entidades públicas en torno al valor que tenían los padrones anulados, se certificó que se habían tramitado más de 700 tarjetas sanitarias, «todas útiles», indicó. Reiteró, por ello, que todo lo relacionado con dicho padrón «no era un fraude», sino «una realidad».

Así las cosas, solicitó al alcalde de la ciudad, Alfonso Alonso, que «baje un poco la cabeza» y trate de «normalizar» esta situación, ya que, tal y como recordó, «es su responsabilidad».

También aseguró que se produce un «beneficio constatable» de las personas inmigrantes en el momento en el que se les ofrece una solución al proceso de inserción social en base al padrón, y que genera derecho a la tarjeta sanitaria o a la educación, entre otras cuestiones más.

Para el representante de SOS Racismo Araba, «parece ser que es lo que les molesta, que quizás tuvieran derecho a ciertas ayudas sociales». Agregó, en este sentido, que a buena parte de esas personas que tienen que ser reempadronadas «se les tiene que reponer sus derechos hasta el momento en el que se hayan reempadronado en otra parte».

Sentencia «transcendente»

Fede García calificó la sentencia de «transcendente», ya que, «al margen de las excusas» que el Consistorio pueda poner sobre la mesa, ha de proceder al empadronamiento de todos aquellos «a los que dio unilateral e ilegalmente de baja con los perjuicios evidentes» que provocó a los interesados de aquella decisión.

En la misma línea, subrayó que éste «ha de ser impecable» en el respeto al procedimiento de sus actuaciones administrativas, porque sus decisiones suponen «daños y secuelas difícilmente reparables».

Así, instó al Ayuntamiento a que aborde el empadronamiento de inmigrantes «con rigor y seriedad», y ordenando a los servicios sociales municipales que asuman «de modo definitivo» la asunción legítima de empadronar donde crean conveniente a personas en situación de exclusión social.

A su juicio, el Consistorio está es una buena oportunidad para «variar un par de grados el dial del accionar municipal» en dicha materia, «asumiendo la presencia de la inmigración sin que ésta sea objeto de sospecha permanente».

A este respecto, destacó la necesidad de adecuar el plan municipal de Integración Social de la Inmigración, «dando cabida a una realidad objetiva, que se encuentra fuera de los despachos», y que, según García, es «ninguneada sistemáticamente por aquellos que han sido elegidos para defender a los ciudadanos».

Recordó, asimismo, que desde que se llevó a cabo dicha actuación municipal, SOS Racismo Araba ha recopilado del orden de 600 nuevas solicitudes de empadronamiento que tienen un «valor probatorio a los efectos de la estancia de estas personas» en Euskal Herria y que, por ello, «hay que darles una salida».

Antes de concluir, hizo un último llamamiento a la «cordura municipal».



Numerosos actos en todos los herrialdes para rechazar el racismo

GASTEIZ

Las muestras de repulsa al racismo y la xenofobia se repetirán los próximos días por Euskal Herria. El 26 de marzo, por ejemplo, se celebrará una nueva edición de la marcha que une Trintxerpe con el centro urbano de Donostia. Agustín Unzurrunzaga, representante de SOS Racismo Gipuzkoa, explicó ayer que, durante la misma, se incidirá en el «racismo social», porque preocupa «esa tendencia a responsabilizar de los problemas a las personas de un origen nacional diferente».

Esta novena edición, que se desarrollará bajo el lema “Racismo social, otro muro a derribar”, llega avalada por un total de 31 colectivos de todo el territorio. Unzurrunga manifestó que también se prestará atención a la «persistencia» de la situación irregular de muchos inmigrantes, a su «fragilidad laboral», así como a «la falta de política migratoria» para el área africana.

Dicho acto está enmarcado dentro de la “Semana Antirracista”, que se celebrará del 20 al 26 de marzo, y que incluye seminarios, conferencias, mesas redondas y proyección de películas relacionadas con este asunto.

SOS Racismo Nafarroa también dio a conocer ayer los eventos que ha organizado de cara a la semana contra el racismo. Al igual que en Gipuzkoa, comenzará el día 20, con la participación de Helena Maleno, observadora de SOS Racismo en la frontera de Marruecos y testigo privilegiada de las deportaciones de inmigrantes al Sáhara, que impartirá una charla en la Escuela de Idiomas. Al día siguiente, Día Mundial contra el Racismo y la Xenofobia, se celebrará una manifestación para reclamar los derechos de las personas inmigrantes.

Cena brasileña

Tras un cuenta-cuentos y la proyección sobre los “sin papeles” de Barcelona, está previsto que el viernes se celebre una cena, en el espacio Kalaska, en la que no faltará la música brasileña. La semana concluirá con un aperitivo intercultural, el 25 de marzo.

Gasteiz también acogerá una concentración solidaria y festiva, el día 21. El portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, indicó que habrá «de todo». Desde música hasta repostería y té. Se pretende, así, que haya un «pequeño impacto social» en torno a esta realidad. Denunció que las políticas migratorias de los estados europeos «provocan» situaciones como las que se están viviendo actualmente en Canarias.



«En la Ley de Extranjería está todo sin definir»
Juana SERRANO | Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Castilla-La Mancha

La experta en materia de extranjería, Juana Serrano, expuso ayer su ponencia “Derecho a la protección de la salud y asistencia sanitaria de los extranjeros” en los cursos organizados por la UPV-EHU. Incidió en las «limitaciones» de la actual Ley de Extranjería y subrayó la necesidad de crear una política común europea.

­¿Qué protección social reciben las personas inmigrantes?

La protección social agrupa los servicios sociales, la Seguridad Social, la asistencia social y la salud. Están más o menos reguladas en la Ley de Extranjería, que diferencia el tratamiento que se les da a los extranjeros regulares del de los irregulares.

­¿En qué se basan esas diferencias que plantea?

Los regulares tienen permiso de trabajo y de residencia, y reciben un acceso completo a la protección social. El problema está con los irregulares. El Gobierno permite que estén cinco años en situación irregular, con los problemas que eso conlleva en cuanto a la protección social. No tienen acceso a la Seguridad Social (salvo si sufren alguna contingencia profesional), la asistencia sanitaria la tienen en unos casos específicos, y sólo tienen acceso a las prestaciones y servicios sociales básicos.

­¿En qué casos pueden acceder a la asistencia sanitaria?

El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la salud de la persona. Pero no es un derecho fundamental, por lo que puede no realizarse. La Ley de Extranjería recoge que sólo se les concede el derecho a la asistencia sanitaria de urgencia. Y para eso se les exige que estén empadronados en el municipio en el que residan.

­La necesidad de empadronarse puede suponer un problema para los extranjeros en situación irregular.

La última reforma de la ley de municipios permite que la Policía acceda a los datos del padrón. Esto significa que los extranjeros tienen miedo a empadronarse, porque si lo hacen pueden ser expulsados por irregularidades. Hasta 2004, se empadronaban y automáticamente tenían acceso a la tarjeta sanitaria. Ahora tienen miedo a empadronarse y la falta de tarjeta sanitaria implica problemas importantes.

­¿Qué atenciones pueden recibir sin la tarjeta sanitaria?

Para que una persona sin tarjeta reciba asistencia sanitaria pública de urgencia, debe padecer una enfermedad grave o haber sufrido un accidente. Pero, ¿cuándo estamos ante una urgencia? ¿Hay que estar muriéndose o basta con una quemadura? El reglamento no dice nada de esto, en general, en la Ley de Extranjería está todo sin definir. En este caso, cada hospital lo entiende a su modo.

­¿Y en el caso de los menores?

El menor recibe un tratamiento diferente, casi privilegiado. Tiene derecho a la asistencia sanitaria, pero el problema está en la determinación de la edad. Esto requiere unas pruebas médicas, y ellos se niegan, porque quizá tengan 18 años. La Ley de Sanidad dice que las pruebas médicas requieren del consentimiento de la persona. Por eso, la Ley de Extranjería atribuye al Ministerio Fiscal la facultad de emitir ese consentimiento en el caso de que la persona se niegue. A pesar de la Ley de Sanidad, en la de extranjería ya lo tienen resuelto, y el menor se ve obligado a hacerse las pruebas.

­¿Qué opinión le merece la Ley de Extranjería?

Aunque se ha flexibilizado, es una ley bastante restrictiva en cuanto a los derechos. Creo que se podría hacer una norma más flexible, que intentara limitar los problemas que actualmente tenemos con la llegada de los extranjeros. Creo, además, que es un problema que traspasa nuestras fronteras y que habría que abordarlo desde la Unión Europea.

­¿Ve necesaria una política común europea en esta materia ?

No se puede hablar de materia comunitaria, porque en materia de protección social en la UE no tenemos nada. Hay algunas cosas sobre la entrada y la salida de los extranjeros y sobre agrupamiento familiar. Pero, en definitiva, cada Estado decide cuál es el campo de protección que reciben los inmigrantes que llegan. -


 
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