El derecho de autodeterminación, asumido sobre todo por sectores sociales cada vez más amplios de Euskal Herria, fue lo que impulsó a Aznar a negociar con ETA en mayo de 1999. Fracasada la pretensión del Gobierno del PP de conseguir que ésta renunciase al derecho a decidir y, tras la ruptura de la tregua, el Estado español pone en marcha una estrategia de gran calado para tratar de frenar por todos los medios el avance de esa reivindicación.

La poderosa maquinaria estatal busca hacer pagar caro el acto de rebeldía. Los efectos subjetivos de esta estrategia, innegables en las filas de la izquierda abertzale, tienen un nombre propio, Aralar.

Esta fase está liderada por un PP en el Gobierno con mayoría absoluta en el Parlamento, con un PSOE, obediente y sumiso, atado por el llamado Pacto de Madrid y con unos partidos nacionalistas (PNV y CiU, principalmente), temerosos y oportunistas como siempre. Los diferentes aparatos del Estado cumplen cada uno la función asignada en ese plan que, como dijimos, ya no tiene como objetivo prioritario a ETA, sino también a esos sectores en los que ha calado la idea del derecho de autodeterminación. Para poder combatirlos de manera abierta, necesita establecer una relación directa, entre ETA y el llamado entorno, ocultando el mecanismo tramposo en el que se apoya: es ETA todo el que defienda el derecho de autodeterminación.

El brazo político comandado por Aznar dirige el proceso que declara la guerra a la disidencia, apoyándose en dos pilares fundamentales: el aparato judicial y el policial. Garantizado el acatamiento político y social a la ley que todos conocemos, los tribunales se encargan de aplicar una serie de normas de excepción (conocidas popularmente como GAL judicial) que irá aprobando el Parlamento a instancias del Gobierno.

La estrategia de forzamiento permanente de la ley busca privar al movimiento de los sectores más conscientes y comprometidos de nuestro pueblo, además de venganza y castigo ejemplarizante. Pensemos en la teatralidad de los macrojuicios que se celebran en ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, verdaderos autos de fe inquisitoriales, difundidos y amplificados por los medios. Pensemos también en los continuos y gravísimos atropellos jurídicos contra el colectivo de presos políticos vascos, las ilegalizaciones de formaciones políticas, los cierres de sedes, medios de comunicación; la criminalización de innumerables organizaciones, movimientos sociales y populares, bajo la acusación de formar parte del «entramado ETA-KAS».

El aparato represivo prosigue su estrategia contra ETA, con la ayuda inestimable del Estado francés, la CEE y los servicios de inteligencia USA. Así mismo, se emplea a fondo ­reprime, detiene, tortura y encarcela­ contra el llamado «entorno» para castigar y atemorizar a la gente.

El Estado español siempre ha carecido de intelectuales y sectores sociales capaces de contrarrestrar la capacidad ideológica y movilizadora de la izquierda abertzale. El Gobierno del PP, que se había servido de los autodenominados movimientos pacifistas, en esta fase de confrontación corta con ellos y monta una serie de plataformas, controladas y subvencionadas por el Estado (Foro de Ermua, Basta Ya!, Foro El Salvador, Fundación para la Libertad, Colectivo Manos Limpias, etc...), copia mercenaria de los referidos movimientos sociales y populares de Euskal Herria. Su función es intervenir contra todo lo que consideren «ETA-Batasuna». Y todo ello con la pretensión, vana, de sumar fuerzas y llegar al enfrentamiento civil. La base de la que se nutren procede, esencialmente, de los diferentes aparatos de la Administración del Estado, así como del ámbito político y sindical. También hay intelectuales orgánicos, artistas subvencionados... La abundancia de siglas y el reducido número de componentes es su nota más característica. El denominador común es su antigua militancia en organizaciones de la izquierda y/o abertzale.

El aparato diplomático se emplea a fondo, especialmente en Europa y en América Latina para legitimar su estrategia de guerra contra Euskal Herria. El colectivo de refugiados y la inclusión de Batasuna en la lista de organizaciones terroristas son sus principales objetivos. Así mismo presionó a instancias internacionales para imponer la versión oficial sobre el 11-M, con el resultado de todos conocido. Se buscaba transmitir la impresión de que nada escapaba al control del Estado, ni dentro ni fuera de sus fronteras, y que la única salida era ceder.

Sin embargo, la energía subjetiva necesaria para mover toda esta maquinaria represiva la consiguió el Gobierno de las llamadas asociaciones de víctimas del terrorismo. Recordemos que fue Aznar quien les dio la centralidad que ocupan en la política española actual para tenerlas de su lado en un proceso de negociación. Una vez fracasado éste, las convirtió en despertador y amplificador de los sentimientos de odio y venganza contra Euskal Herria, que existen entre amplios sectores de la población española, base votante del PP. El Gobierno no era consciente de que una estrategia de guerra de esa envergadura basada en sentimientos reactivos no se puede mantener en el tiempo.

Obsesionado con la derrota de ETA y del movimiento autodeterminista, Aznar decide apoyar de modo incondicional la intervención de EEUU en Irak en contra de las resoluciones de Naciones Unidas. España envía tropas a ese país para compensar de algún modo la ayuda americana en la lucha contra ETA; razón de fondo, nunca confesada abiertamente, de esta política. El presidente del Gobierno miente a la opinión pública española sobre las supuestas armas de destrucción masiva y desoye la advertencia tácita de millones de personas que salen a la calle contra la guerra, pensando en las consecuencias de ésta para la población española.

Los medios de comunicación, la llamada «Brunete mediática», colaboran, sumisos y obedientes, a la difusión y justificación de toda esta propaganda de guerraŠ Las elecciones generales están cerca y el PP confía en lograr de nuevo la mayoría absoluta, gracias otra vez a los votos que esa política reactiva contra Euskal Herria le ha venido dando. El Gobierno contaba con un consenso social hasta ahora jamás conseguido por un Gobierno de la transición.

PeroŠ inesperada e impensadamente, los terribles atentados de Madrid irrumpen en el escenario político en vísperas de las elecciones, alterando, de arriba abajo, en unas horas, una situación política de apariencia invulnerable. El 11-M, fecha para recordar ­y pensar­, es lo inesperado de la política, que divide el tiempo histórico: a la vez que prescribe y termina con la estrategia antes señalada como un castillo de naipes, inaugura una nueva secuencia en la política estatal.

Aznar personalmente dirige el aparato de propaganda, afirmando, con total rotundidad, que ha sido ETA la responsable directa de la masacre. Versión oficial que el propio presidente impone a los medios de comunicación españoles y a la comunidad internacional. El desmentido inicial de Otegi, las informaciones, estatales y extranjeras, que confirman la hipótesis islamista, echan por tierra la versión oficial. La gente, indignada, sale a la calle para llamar mentiroso al Gobierno. El PSOE, inesperadamente, gana las elecciones y el PP pasa a la oposición. Una vez más, vemos cómo las políticas represivas fracasan una y otra vez, poniendo en crisis permanente al Estado y a sus instituciones.

Mucho se ha hablado y escrito sobre las razones por las que mintió el Gobierno. Personalmente creo que Aznar mintió, como se hace siempre, por miedo a decir la verdad: que habían enviado tropas a Irak para pagar a los americanos una ayuda que consideraban vital para acabar con ETA y que por eso los islamistas atentaron en Madrid. En este sentido, la ciudadanía condenó al Gobierno, no tanto por mentir (es cosa sabida que el Estado siempre miente), sino por la forma de hacerlo, al no decir toda la verdad sobre hechos de tal magnitud. La credibilidad que aún hoy tiene la versión de Aznar entre casi la mitad de la población española, que sigue creyendo que ETA fue, al fin y al cabo, la responsable de lo sucedido el 11-M de 2004, se debería a que éstos sí saben ­y comparten­ la razón primera y última de la presencia de tropas españolas en suelo iraquí.

Tras perder las elecciones, el PP no asume la derrota. Sigue sin entender cómo se hundió toda una po- lítica de Estado que parecía sólida y consistente. La táctica de confrontación y movilización permanentes, sin alternativas, contra toda iniciativa del Gobierno socialista y en especial contra un posible proceso negociador caracteriza la política actual del PP.

Los populares se oponen frontalmente a una salida negociada porque, en el fondo, saben que, de llevarse a cabo, supondría el mantenimiento del PSOE en el poder durante mucho tiempo.

Así mismo, el PP ve cómo se le escapa de las manos el motor de su política de confrontación, centrada en el uso partidista de las víctimas. Esta inició su declive tras los atentados del 11-M, que causaron cerca de doscientos muertos y un millar de heridos; muertos y heridos que se consideran víctimas de la política de Aznar y por eso se desmarcan de la lógica de los referidos colectivos. Así mismo, pienso que la oposición visceral de la AVT a un proceso negociador se debe, en el fondo, a que una paz basada en la justicia dejaría al descubierto el papel real que han jugado en todo este dramático contencioso, algo que les resulta insoportable.

De todos modos, los populares siguen contando con una amplia base social, así como con toda una serie de organizaciones y estamentos: AVT, jueces y fiscales, estratégicamente situados; los referidos foros y fundaciones, la Conferencia Episcopal, la CEOE, etcétera.

Con la llegada del PSOE al Gobierno, estamos viviendo momentos de incertidumbre, atrapados entre un pasado que se resiste a morir (la referida estrategia del PP) y un presente que no acaba de irrumpir (resolución negociada del contencioso Estado español y francés-Euskal Herria). De ahí que sea más necesario que nunca un cambio radical de estrategia con respecto a este largo y doloroso conflicto.

Es evidente que las intervenciones del PP condicionan las actuaciones del Gobierno; pero no es menos cierto que éste se vale de ellas para lo que le conviene en esta coyuntura (política penitenciaria, macrojuicios, procesamientos de dirigentes abertzales, apartheid político, prohibiciones y restricciones a la libertad de expresión, derecho de reunión y manifestación; ámbito judicial, educativo...)

En fin, en mi opinión, la izquierda abertzale debe mantenerse en la línea trazada en Anoeta y sostenida hasta hoy: confianza en las propias fuerzas, firmeza en la defensa de los principios (derecho a decidir y territorialidad), flexibilidad en las cuestiones tácticas, movilización para intervenir en el proceso y responder a las agresiones; y, sobre todo, análisis del momento político para alimentar la confianza, elevar el nivel de conciencia y reforzar el compromiso activo de los sectores más conscientes de nuestro pueblo. -