BILBO

La letrada Ainhoa Baglietto, que compareció en Bilbo acompañada de un nutrido grupo de abogados que habitualmente defienden a los presos políticos, afirmó que desde la petición de acumulación y refundición de condenas de Parot ha existido «un desvarío de sentencias totalmente políticas, sin ningún tipo de base legal y totalmente inconstitucionales», y recordó que «han sido cientos» los casos en los que han pedido la acumulación de condenas y que han sido resueltos positivamente, conforme al artículo 70.2 del Código Penal español.

Este mismo artículo, según dijo, «ha sido interpretado incluso por la jurisprudencia con un criterio totalmente a favor de los reos», de acuerdo «con lo que establece la Constitución sobre que las penas deben ir orientadas hacia la reeducación y la reinserción social».

«Situación de total desamparo»

No obstante, criticó que, pese a ello, la Audiencia Nacional española dictó contra Parot «una resolución totalmente ilegal e inconstitucional, con el único fin de provocar un debate social y jurídico, y, de esa manera, que sea el Tribunal Supremo el que dicte una resolución que nos lleve a una situación de total desamparo».

La abogada repudió que «se trata de una sentencia a la carta, totalmente dirigida contra el señor Parot y los demás presos políticos», y recordó que es algo a lo que el propio TS ya se había opuesto con anterioridad al estimar que «era gravemente innovadora y perniciosa, y que pugnaba con los más elementales postulados del Derecho Penal moderno y los fines rehabilitadores buscando un fin punitivo y reivindicativo».

Ainhoa Baglietto explicó además «la situación de total indefensión» que se ha creado para los presos vascos, ya que «esto no ha sido el objeto de debate ni de nosotros, ni del Ministerio Fiscal ni de la Asociación de Víctimas, sino un elemento que ha introducido el Supremo, atendiendo a los debates sociales y políticos que se han dado en la sociedad».

«Por tanto, también en ese sentido vulnera la Constitución y el principio acusatorio», insistió la letrada, para asegurar a continuación que esta «sentencia dictada a la carta sitúa al preso en una situación peor» de la que estaba y sin que la defensa haya podido defenderle. Subrayó, al mismo tiempo, la gravedad del caso, ya que «es una sentencia firme» y sólo hay posibilidad de recurrir al Constitucional español.

Por su parte, el abogado Iker Urbina denunció con dureza que «lo que no dice la ley, lo dice el juez»; es decir, «que el juez ya no interpreta la ley, sino que la crea», y recordó que además del caso concreto de Unai Parot, esta doctrina también afecta a los cerca de 180 presos condenados por el Código Penal de 1973.

Asimismo, repudió que, si bien «no se han atrevido a incluir la cadena perpetua en la legislación española», quizá con el fin de «maquillarla democráticamente», están siendo testigos de «un intento de aplicación de facto de la misma».

«Y, para ello, la Audiencia Nacional no ha dudado en revocar redenciones firmes por auto, en desestimar acumulaciones de condenas y en abrir nuevas diligencias a quien, en base a la legislación, se encontraba cerca de cumplir íntegramente la condena, expresamente con el objetivo confeso y expreso de evitar que salieran de prisión», agregó.

Urbina señaló que este objetivo «también ha sido avalado por el Poder Ejecutivo, quien ha hablado de la construcción de pruebas, incluso, y tampoco lo ha dudado el Tribunal Supremo, cuando uno de sus componentes hablaba de que han optado por reescribir las leyes».

«En definitiva, estamos asistiendo a la redacción, modificación y aplicación de las leyes según a la persona o colectivo a la que vayan dirigidas. Hemos entrado de pleno en la aplicación del ‘derecho penal de autor’. Ya no son los hechos los que determinan la aplicación de las normas, sino que son las personas a las que van dirigidas», destacó.

«Al Colectivo de Presos Políticos Vascos se le aplica un trato específico y discriminatorio, al hilo de intereses y objetivos políticos concretos del momento, que ahora pasan por el castigo, la venganza y la utilización del colectivo para incidir en el momento político que vive Euskal Herria», repudió.