El Consejo de Europa aprueba la primera condena internacional del franquismo
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer una resolución de condena de las «múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el franquismo». La Asamblea recuerda que las dictaduras no sólo conciernen al país que las sufre, sino que es necesaria la condena internacional. Así, insta al Gobierno español a que saque a la luz toda la barbarie de aquella época y repare moralmente a las víctimas. Además, propone que se establezca el próximo 18 de julio 70 aniversario del golpe de Estado de Franco como jornada oficial de condena del régimen.
DONOSTIA
«La Asamblea Parlamentaria (del Consejo de Europa) condena firmemente las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen franquista en España de 1939 a 1975». Esta resolución, acordada ayer en París, supone la primera condena internacional del régimen fascista encabezado por el general Francisco Franco, si bien ha llegado más de 30 años después del fin de la dictadura.En la resolución, la Asamblea Parlamentaria insta al Comité de Ministros órgano ejecutivo del Consejo de Europa a ratificar la condena aprobada ayer por unanimidad y propone que se establezca el 18 de julio como jornada oficial de condena del franquismo. Este día coincide con la conmemoración del 70 aniversario del derrocamiento del Gobierno legítimo de la II República e inicio de la guerra civil española. El Comité de Ministros de la institución paneuropea, integrada por 45 países, debe pronunciarse al respecto en un máximo de dos meses. El texto recuerda que «la violación de los derechos humanos no es un problema interno» del país que lo sufre, y advierte de que la barbarie franquista no concierne únicamente a los españoles, sino que también es asunto de la «comunidad internacional».
El PP no se suma a la iniciativa La iniciativa que se concretó en la resolución de ayer partió hace poco más de dos años de un grupo de nueve parlamentarios del Congreso español. Seis diputados del PSOE, dos de CiU y uno del PNV presentaron a principios de 2004 un proyecto de resolución en Estrasburgo para que el Consejo de Europa condenase el franquismo y exigiera la reparación moral de sus víctimas. «Las nuevas generaciones de españoles y europeos deben conocer su propia historia», porque «la desmemoria y el olvido no son la mejor manera de cultivar el amor a la libertad y a la democracia», recordaba el proyecto.
La iniciativa recabó el apoyo de medio centenar de parlamentarios de 15 países europeos. El Partido Popular español, en cambio, se negó a suscribirla argumentando que el foro adecuado para discutir este asunto es el Parlamento español. Curioso argumento teniendo en cuenta que el PP ha puesto siempre pegas a toda iniciativa que signifique reprobar la dictadura del Generalísimo Franco.
Informe sobre la represión Basándose en el proyecto de los diputados del Congreso español, en los meses siguientes, Leo Brincat, historiador y parlamentario maltés del Grupo Socialista de la Asamblea, preparó un informe en el que enumera las ejecuciones, torturas y el encarcelamiento sistemático que sufrieron durante años los opositores al régimen.
Peticiones a las autoridades españolas
K.M.
DONOSTIALa Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa realiza varias sugerencias al Gobierno español: · Comisión de investigación. Esta comisión estatal se encargaría de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen de Franco y después presentaría las conclusiones al Consejo de Europa. El presidente del Grupo Socialista de la Asamblea y promotor de la iniciativa en el Estado español, Luis María de Puig, consideró que la comisión para reparar la dignidad y restituir la memoria de las víctimas del franquismo, creada en octubre de 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya cubre esta demanda. · Valle de los Caídos. La Asamblea Parlamentaria propone que se organice una exposición permanente en la basílica subterránea de este monumento fascista, en la que se explique que la dictadura obligó a los presos republicanos a costruirla en condiciones de esclavitud. · Acceso a archivos históricos. La tercera petición se refiere a los archivos históricos. La resolución invita a las autoridades españolas a que faciliten a los historiadores e investigadores el acceso de todos los archivos civiles y militares, que podrían contener documentos que contribuyan a esclarecer la verdad de la represión. Se hace mención al archivo de la Fundación Fracisco Franco, subvencionado por el Estado español, y otros archivos del régimen, actualmente innacesibles al público. · Monumentos a las víctimas. Por último, anima al Gobierno español a que erija monumentos en memoria de las víctimas del régimen. «Nadie rindió cuentas ante la justicia»
El informe de Brincat recoge el contexto histórico del «régimen fascista» y la represión a la que se sometió a la sociedad, especialmente a los opositores. «La crítica era considerada delito, los partidos políticos eran ilegales y el sufragio fue eliminado», señala. «Reforzó la política de represión contra todo el que él considerara una amenaza al régimen»; «La brutalidad de la Policía y la tortura sistemática eran la norma»; «Miles de republicanos fueron fusilados o enviados a prisión», todo ello «con el apoyo de la Iglesia Católica», añade. También habla del ‘pacto de silencio’ de la transición española. «Nadie rindió cuentas ante la justicia». -
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