Bruselas pide a los 25 que garanticen los derechos de los trabajadores desplazados
La Comisión Europea ha presentado una comunicación sobre el régimen laboral de los trabajadores europeos desplazados temporalmente para ofrecer un servicio en otro Estado miembro y abre un período de un año para asegurarse de que los países de la Unión Europea cumplen la ley que les obliga a otorgarles similares derechos laborales que a sus propios ciudadanos. La directiva busca la protección de los trabajadores desplazados y evitar el «dumping social», además de ofrecer a los estados miembros unas «directrices» sobre los «criterios administrativos» a seguir.
BRUSELAS
Fuentes de la Comisión explicaron que no se trata de un nuevo instrumento legislativo, puesto que Bruselas considera que la directiva sobre trabajadores desplazados de 1996 continúa estando en vigor, sino un documento adicional que servirá para evaluar el cumplimiento de la norma ya existente y, si procede, decidir posteriormente si presentar una propuesta de ley alternativa. Según la ley existente, el Estado miembro que recibe temporalmente a un trabajador de otro país de la UE está obligado a aplicarle «las disposiciones protectoras mínimas» en vigor para sus propios ciudadanos. Insiste en que a estos trabajadores «se les debe asegurar, durante el período del desplazamiento, que se beneficiarán de las condiciones de trabajo en vigor en el Estado miembro de acogida». Entre los aspectos concretos que se recogen en esta directiva figura el respeto a los períodos máximos de trabajo y los mínimos de descanso, la duración mínima de vacaciones anuales pagadas, el salario mínimo, la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo o las condiciones de trabajo que han de aplicarse a mujeres embarazadas o por maternidad.
Inadecuada aplicación
La Comisión Europea sostiene que la ley del 1996 que contempla estos aspectos continúa perfectamente en vigor, incluso después de la ampliación de la UE a diez nuevos estados miembros. No obstante, el Ejecutivo comunitario constata «falta de una adecuada aplicación», por lo que antes de plantearse presentar una nueva propuesta legislativa establecerá un plazo de doce meses para aclarar con los países de la UE «qué es admisible y qué no». En este tiempo, la Comisión comprobará «qué han hecho los estados miembros, dónde están los problemas y cómo tratar de solucionarlos», señaló la misma fuente, que agregó que los doce meses permitirán sacar una conclusión «sobre la situación en los estados y si necesitan medios de reacción de la Comisión que sean más coercitivos». A pesar de este plazo las fuentes indicaron, sin embargo, que Bruselas no renuncia a su capacidad de emprender medidas legales contra un socio comunitario por no cumplir la ley, aunque antes considera oportuno que todos conozcan exactamente lo que tienen que hacer.
Criterios para mejorar
Para ello, con la comunicación presentada el martes el Ejecutivo comunitario busca ofrecer unas «directrices» a los estados miembros sobre los «criterios administrativos» que tienen que seguir por lo que respecta a los trabajadores desplazados. Pretende, además, mejorar la «cooperación administrativa» entre los países, un aspecto en el que también se han constatado irregularidades. Consiste, por ejemplo, en el hecho de que una empresa prestadora de servicios en otro país que quiera desplazar a uno de sus trabajadores pueda disponer de los criterios del país de acogida en su propio idioma. Asimismo, el período de revisión que se abrirá con la comunicación tratará de ofrecer «remedios» en los casos en los que los estados miembros no cumplan la directiva. Esta iniciativa quiere conjugar los principios consagrados en el Tratado de la UE de la libre prestación de servicios y la libertad de movimiento de trabajadores, aspecto éste que las fuentes recordaron que se aplica a los 25 países de la UE. Las únicas excepciones se dan en Alemania y Austria que en 2003 acordaron su derecho a poder restringir en algunos sectores concretos y estudiando caso por caso la entrada de trabajadores temporales de los nuevos estados miembros. Por este motivo, Bruselas también quiere revisar las prácticas de los gobiernos en lo que respecta a la documentación que aportan los países de origen sobre sus trabajadores a los países de acogida. Las fuentes apuntaron que estos documentos son para «informar» o «advertir» de la llegada de estos trabajadores, pero en ningún caso para pedir autorización al país de acogida que, salvo Alemania y Austria, no puede negarse a ello.
La Eurocámara, por el fin de las restricciones
GARA
BRUSELAS El Parlamento Europeo (PE) ha pedido eliminar las trabas a la libre circulación de trabajadores y derogar las restricciones que pesan sobre los ciudadanos procedentes de los nuevos países miembros de la UE, al considerar «injustificado» el temor a una llegada masiva de «fontaneros polacos». Lamenta que en algunos estados sigan en vigor medidas administrativas que pueden ser consideradas como «discriminatorias para los trabajadores» Tras la recomendación de la Comisión Europea de levantar las barreras a los trabajadores del Este, sólo Alemania, el Estado francés, Italia y Austria han anunciado su intención de mantenerlas. El Tratado permite a los estados miembros un plazo de hasta siete años antes de abrir completamente su mercado laboral. Efectos beneficiosos Además de referirse a la libre circulación de trabajadores como una de las cuatro libertades fundamentales del Tratado y como «expresión de la solidaridad» entre los 15 antiguos miembros, la resolución afirma que las economías europeas precisan de mano de obra y que la migración procedente de los nuevos estados «ejerce efectos beneficiosos en las economías de los estados miembros que abrieron sus mercados laborales». «Mejora la competitividad de las empresas, reduce el trabajo no declarado, contribuye al aumento del nivel de crecimiento económico y a la creación de nuevos empleos, y garantiza al presupuesto del país de acogida ingresos fiscales superiores», asegura el texto. Recuerda que los periodos de transición «contribuyen a fomentar el trabajo ilegal y la falsa autonomía, a aumentar, en algunos casos de forma extrema, la presión sobre los salarios, y a extender las condiciones de trabajo desleales, la discriminación y la explotación de los trabajado- res migrantes».
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