Llevamos demasiado tiempo denunciando las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y más concretamente las que conforman el colectivo de presos y presas políticas vascas. A su condición de pre- sos se le añade la de rehenes en aplicación de una política penitenciaria que persigue su derrota como co- lectivo y su aniquilación como personas.

El tema de la salud no es una excepción. A las malas condiciones de los centros penitenciarios se añade la distancia de la sispersión aplicada con el objetivo de encubrir la vulneración sistemática de derechos:

­Desinterés absoluto por la mayor parte de los funcionarios médicos, que en muchos casos llega a tratarse de casos evidentes de negligencia profesional.

­Trato vejatorio en las consultas, especialmente ofensivo cuando se trata de revisiones ginecológicas, donde no se respetan los derechos como pacientes, transgrediendo la confidencialidad y vulnerando el derecho a la intimidad.

­Ausencia de medidas preventivas para evitar infecciones, deficiencia en la aplicación de protocolos para evitar contagios.

­Retrasos o pérdidas de informes médicos y tratamientos en los traslados a los que son sometidos los presos y presas. Demora en la realización de pruebas complementarias que pueden resultar urgentes para llegar al diagnóstico.

­Escasas o nulas interconsultas con especialistas, con el consiguiente retraso en muchos diagnósticos que pueden ser potencialmente malignos.

­Limitaciones para recibir asistencia profesional por médicos de confianza, a pesar de venir contemplado como un derecho en la legislación penitenciaria.

­La distancia y las cada vez más frecuentes desautorizaciones para realizar visitas con médicos de confianza hacen que tengamos que comunicarnos mediante teléfono con los funcionarios médicos, y en la mayoría de las veces mediante carta (intervenida) con el preso o presa. De esta manera, las posibilidades de intervención y apoyo se hacen especialmente difíciles. Las afecciones mentales suponen un auténtico reto profesional para hacer un correcto seguimiento.

­Esta insoportable situacion ha terminado con la vida de 22 presos, muertos en la propia cárcel o al poco tiempo de salir, como consecuencia de la desasistencia sanitaria. Las víctimas de esta política de venganza son los presos y presas, y los familiares y amigos de los encarcelados. Recordemos que la dispersión ha provocado la muerte de 16 familiares de presos que acudían a visitarles

­Como profesionales de la salud sensibilizados con la situación que padecen los presos y presas en las cárceles queremos destacar la necesidad de reclamar una atención sanitaria digna y que se aplique en igualdad de condiciones con el conjunto de la ciudadanía. Exijimos del mismo modo que se respete el derecho a ser visitados por médicos de confianza. Y por último, dadas las malas condiciones para un tratamiento adecuado en situacion de encarcelamiento, la puesta en libertad de las presas y presos con enfermedades graves.

­La dispersión se convierte en espacio de impunidad para cualquier tipo de vulneración de derechos. Por eso, hoy más que nunca, se hace necesario el impulso de una iniciativa popular, amplia y de calado social, que reactive el clamor popular de la repatriación a Euskal Herria y defienda los derechos po- líticos que como colectivo de presos y presas vascas les corresponde.

Es necesario poner fin entre todos a tanta injusticia y sufrimiento. Estamos obligados con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria a dinamizar nuestro entorno laboral y social para que se atiendan ­sin más demora­ y se respeten los derechos de los presos y presas politicas vascas. En este sentido, tenemos una cita el 13 de mayo en la manifestación que se celebrará en Iruñea bajo el lema «Eskubide guztien jabe, euskal presoak Euskal Herrira». -