Los trabajadores de la factoría que tiene Volkswagen en Nafarroa recibieron ayer un verdadero jarro de agua fría. Un periódico alemán anunció el traslado de parte de la producción del Polo a la República Checa. Lo publicado por la prensa era corroborado por directivos de la corporación alemana, sin que desde la dirección de Landaben se hubiera trasladado información alguna al comité de empresa. La deslocalización de parte de la producción del Polo tiene un contexto global, como es la agudizada tendencia de las multinacionales a abaratar el costo de sus productos mediante una limitación de la «factura social». Para ello se emplean dos fórmulas complementarias: la primera, imponer convenios draconianos, basados en la contención de los sueldos y en la flexibilización extrema de la jornada laboral; y la segunda, trasladar parte de la producción a países en los que los trabajadores ganan menos. La deslocalización puesta por VW encima de la mesa es, dentro de esa lógica, una herramienta para rebajar el umbral de derechos de los trabajadores. Una estrategia de ese calado merece un toque de atención de las instituciones navarras, y no una amonestación al comité de empresa por el consejero Iribarren. -

¿Una declaración «en el buen camino» contra la tortura?
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ha mostrado la satisfacción del Gobierno español por la declaración «en el buen camino» realizada por Batasuna en relación a los ataques contra sendos edificios de Barañain y Getxo. El hecho de que Batasuna valorara las consecuencias de tales hechos y mostrara su solidaridad hacia las personas afectadas ­lo que, dicho sea de paso, ya ha hecho anteriormente con similares expresiones de violencia sin que mereciera sino reproches por su «cinismo»­ recibió el aplauso de Moncloa. Por descontado, tanto Moraleja como la práctica totalidad de los medios han evitado aludir o reflejar en su integridad la formulación abertzale. Ninguna mención destacada a su apuesta por superar todas las expresiones de violencia, y menos aún al emplazamiento al Gobierno del PSOE a aclarar si la dispersión, la tortura, la ilegalización... son incompatibles o no con la puesta en marcha de un proceso democrático. Dado el precedente, no cabe albergar muchas esperanzas de que el pronunciamiento realizado ayer por personas que han sufrido la tortura provoque declaraciones en el «buen camino» por parte de Moncloa. De momento, el PSOE unió sus votos a los del PP para rechazar, otra vez, en el Congreso español, una propuesta de EA contra la incomunicación de las personas detenidas. Y, sin embargo, las leyes de excepción que posibilitan la tortura,­leyes que, por cierto, aplica la Ertzaintza­, son una amenaza real a la apertura de un proceso democrático. -