Un acto en apariencia tan simple como la lectura de este artículo obedece, obviamente, al interés del sujeto, pero también a la labor del que en su día le enseñó a juntar letras y darles forma con sentido. La consulta del nombre de una calle o un cálculo en el mercado por citar sólo un par de hechos cotidianos, no serían posibles sin el trabajo silencioso y nunca suficientemente valorado de un maestro, esa figura tutelar que ampara y guía junto con la familia los primeros pasos de un ser humano en sociedad.
El profesorado protagoniza este año la Semana de Acción Mundial (SAM) 2006, principal acto de movilización de la Campaña Mundial por la Educación, una coalición de organizaciones sociales presente en 115 países, en lo que constituye la mayor plataforma por la educación del mundo, con especial protagonismo en los países en vías de desarrollo.
Millones de padres y madres, docentes, alumnas y alumnos suman fuerzas desde 1999 para pedir una educación básica gratuita y de calidad, objetivo que la cumbre de Dakar de 2000 situó como meta ineludible en 2015. Pero lo cierto es que, a punto de celebrarse la cuarta edición española de la Semana de Acción, cien millones de menores (el 55%, niñas) y cerca de 800 millones de mayores de edad continúan privados de educación; condenados, por tanto, a perpetuar el círculo vicioso de la pobreza y el subdesarrollo. El dato, escalofriante por el porvenir de dependencia y carencias que alumbra, demuestra que las reivindicaciones de la Cam- paña no sólo son justas y necesarias; también perentorias.
La mayor parte de las personas sabemos que la educación es un derecho humano universal, pero muchos Estados parecen no recordarlo. Por eso, es imprescindible exigir, con la legitimidad que otorga la justicia su fuerza moral, pero también la letra consagrada en constituciones y textos legales, compromisos mayores e inmediatos y mayores ayudas en educación.
Invertir en educación es ganar defensas; el frágil sistema inmunitario de serie de nuestras vidas se ve reforzado por el conocimiento. Pruebe usted a imaginar su vida sin saber leer. ¿Qué sensación le produce esa remota y curiosa posibilidad? Seguro que indefen- sión, vulnerabilidad ante un mundo que no conoce ni es capaz de afrontar; extrañeza ante todo cuanto le rodea. Eso significa para las personas estar privadas de educación: vivir desarmados ante el mundo, pasto de obligaciones y constricciones pero sin poder hacer valer ningún derecho por desconocimiento de su existencia; proclives, en fin, al abuso y la injusticia. El filósofo estoico Epicteto lo dejó dicho: «Sólo quienes reciben educación son libres».
Educación es igual a desarrollo, por si aún no ha quedado suficientemente clara la correlación entre el derecho primordial y ese logro humano. Porque la pobreza no es una maldición bíblica ni un a priori, sino un estado de cosas resultante, casi siempre, de un cúmulo de errores o abusos: una mala gestión del poder, el expolio de bienes y derechos; los desmanes o impericia de los sectores privilegiados.
Si damos por buena la sentencia del político conservador inglés Benjamin Disraeli, según la cual el destino de un país depende de la educación que reciba su pueblo, deberíamos ponernos en lo peor al contemplar la perspectiva desalentadora que se cierne ésta sí como una condena sobre tres cuartas partes de la humanidad, que viven en los lugares más desprovistos del planeta: menos educación esto es, más pobreza equivale a mayor mortalidad infantil, más alto índice de violencia juvenil y embarazos precoces, empleo más precario en el futuro.
El acceso a la educación, por contra, significa aumento de la esperanza de vida y mejora de la salud de la población; más crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza, así como participación ciudadana en la vida pública, un concurso indispensable en cualquier sistema que aspire a ser democrático o se precie de serlo.
La Semana de Acción por la Educación (SAM) reivindica, pues, la educación como derecho y como herramienta para erradicar la pobreza. Pero también como la tarea callada, nunca suficientemente valorada o remunerada, de millones de profesores y profesoras en activo y de otros muchos aún sin nombre ni adscripción. Los 15 millones de docentes que se estiman necesarios para garantizar la educación primaria universal en 2015, uno de los Objetivos de Dakar.
No hay tiempo que perder; se acerca la fecha límite para que ese derecho tan habitual y consabido en los países ricos, al que concedemos tan poca importancia, deje de ser algo remoto y «exótico», im- posible muchas veces, en el Sur. Las cifras demuestran que es posible: en los últimos cinco años, 27 millones de menores han sido escolarizados; y en un país como Bangladesh, que muchos creen sinónimo de la desigualdad y la marginación con mayúsculas, niños y niñas van a la escuela en igual y feliz proporción, como contempla el tercer Objetivo del Milenio, sobre la paridad de los sexos.
En un acto destinado a reclamar justicia qué otra cosa si no es la reivindicación de una educación para todas las personas, quedémonos con la esperanza de lo posible: todos los niños y niñas necesitan profes. -
