Denuncia de la detención y de la carga de la Ertzaintza en Irala
BILBO
Unas 400 personas se manifestaron ayer tarde en el barrio bilbaino de Irala para denunciar el arresto de su convecina Sandra Barrenetxea y exigir su liberación. Tras una pancarta con el lema «Konponbide demokratikoaren alde... Sandra askatu!», los manifestantes corearon lemas como «Herriak ez du barkatuko», «A ellos la Ley Antiterrorista», «Fuera las fuerzas de ocupación», «Amnistiarik gabe bakerik ez» o «Aquí se tortura como en la dictadura».Al término de la marcha, que estuvo vigilada por la Ertzaintza y la Policía Municipal, los vecinos de la detenida denunciaron no saber dónde ni en qué situación se encuentra la joven, y recordaron que la incomunicación posibilita la práctica de la tortura. También tuvieron duras palabras tanto para la Guardia Civil como para la Ertzaintza. Y es que, la víspera, esta última policía hirió a porrazos al menos a dos personas, además de golpear a otras ocho que se encontraban en el portal de la vivienda de Barrenetxea en la calle Juan de Garay. Según relataron ayer a GARA, los hechos tuvieron lugar antes de que los guardias civiles llevaran a la joven para proceder al registro de la vivienda. Agentes de la Ertzaintza acudieron al lugar y empezaron a empujar a la gente congregada a ambos lados del portal, pidiéndoles que se alejaran de allí. Agregaron que «sin más» y «sin ningún aviso», aporrearon a los allí presentes. Las personas que ha- bían acudido a respaldar a Barrenetxea se acercaron a los ertzainas y les pidieron que se identificaran. Estos no accedieron a tal demanda, y se retiraron del lugar un cuarto de hora después. Dos de las personas heridas tuvieron que ser atendidas en el Hospital de Basurto a consecuencia de los golpes recibidos. Una de ellas indicó ayer que ya ha interpuesto la denuncia pertinente; la segunda hará lo propio próximamente.
LAB: «Panorama preocupante» LAB indicó que el arresto de Barrenetxea socióloga bilbaina que colabora con el sindicato en la elaboración de diferentes estudios, junto al de Meñika, las torturas denunciadas por este último y «el acoso de los diferentes cuerpos policiales a través de controles de carretera, seguimientos y control social y otras prácticas a las que venimos asistiendo en los últimos días» ofrecen «un panorama muy preocupante».
En una nota, opinó que la situación abierta tras el alto el fuego por parte de ETA, así como «la voluntad mostrada con hechos prácticos por la izquierda abertzale por apostar y comprometerse en un proceso que pueda contribuir a superar el conflicto político, chocan de frente con estas prác- ticas que debieran pertenecer a estrategias del pasado ya arrinconadas».Resaltó que este tipo de hechos «nos hacen dudar de la voluntad y empeño real del Gobierno de Zapatero por impulsar un proceso democrático real», y advirtió de que mientras se siga apostando por «estrategias de represión, criminalización y persecución, nos estaremos alejando de la posibilidad de encarar» un proceso resolutivo. Tras indicar que «la permisibilidad con la que está actuando la Guardia Civil en este caso nos hace albergar muchas sospechas», LAB exigió la libertad de Barrenetxea. En la misma línea, también ANV denunció este último a-rresto, al tiempo que exigió al Gobierno español «el cese inmediato de toda la política represiva, la devolución de todos los derechos que como pueblo e individuos nos corresponden, la desaparición del estado de excepción que padecemos y la salida de Hego Euskal Herria de todas las fuerzas de ocupación y represivas».
PSOE y PP se unen para defender el mantenimiento de la incomunicación
MADRID El Pleno del Congreso español rechazó ayer nuevamente, con los votos del PSOE, PP y Coalición Canaria, tramitar una proposición de ley de Eusko Alkartasuna para suprimir de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los artículos que permiten medidas especiales de incomunicación para las personas detenidas bajo la acusación de «terrorismo». La iniciativa, que fue defendida por Begoña Lasagabaster, recibió el apoyo de CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CHA, BNG y Nafarroa Bai. La diputada de EA denunció que la incomunicación puede llegar a prolongarse en el Estado español durante trece días: cinco bajo custodia policial y otros ocho en prisión preventiva. En su propuesta se reco- gían recomendaciones contra esta práctica provenientes de diferentes instancias internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. «Bajo sospecha» Frente a ello, Juan Luis Rascón, representante del PSOE, consideró que la propuesta de Begoña Lasagabaster pone «en tela de juicio el funcionamiento institucional de este país» y «bajo sospecha» el trabajo de jueces y policías. El representante del PSOE definió la incomunicación como uno de los «instrumentos» que «pueden ser útiles para situaciones excepcionales», pese a que en Euskal Herria su práctica no resulta la excepción, sino la norma habitual. Rascón eludió cualquier tipo de compromiso, habló genéricamente de incrementar las medidas de prevención de los malos tratos y postergó cualquier debate al momento en el que se aborde la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene previsto acometer durante esta legislatura. Desde el Partido Popular, el diputado Juan Santaella censuró la iniciativa de EA en la que, a su juicio, se afirma «indirectamente que en España existe la tortura», por lo que su tramitación implicaría la aceptación de esa premisa.
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