Buena parte de los gobiernos europeos y la propia Comisi�n Europea han reaccionado con preocupaci�n y muestras m�s o menos contenidas de desagrado ante la decisi�n del Gobierno boliviano de recuperar el control sobre sus hidrocarburos. Se trata de una alarma que esclarece de manera n�tida el c�digo de valores y el orden de prioridades de estos gobiernos, incluidos aquellos que se dicen de izquierda. Porque, como ha aclarado el portavoz de energ�a de la Comisi�n Europea, Ferr�n Tarradellas, la medida adoptada por el Gobierno boliviano no va a tener impacto en al seguridad del suministro de hidrocarburos a la Uni�n Europea, cuyos estados apenas importan una cantidad �insignificante� de petr�leo de aquel pa�s y ninguna de gas.

Ni las autoridades comunitarias ni los gobiernos europeos pueden estar tampoco preocupados por la legalidad del decreto. No cabe hablar de �inseguridad jur�dica� como hizo Javier Solana. En primer lugar, la decisi�n est� avalada por la propia Constituci�n de Bolivia. Adem�s, est� respaldada mayoritariamente por los bolivianos, no s�lo porque en su d�a auparan al poder a Evo Morales, que ya inclu�a este punto en su programa electoral, sino porque en el refer�ndum vinculante celebrado el 18 de julio de 2004, nada menos que el 92,2% de los votos v�lidos respondieron s� a la pregunta: ��Est� usted de acuerdo con la recuperaci�n de todo los hidrocarburos en la boca de pozo para el Estado boliviano?�.

Si la medida adoptada por el Gobierno boliviano no afecta al suministro de hidrocarburos a la Uni�n Europea, es perfectamente constitucional y cuenta con el respaldo abrumadoramente mayoritario de los propios bolivianos y bolivianas, �por qu� est�n preocupados y enfadados los gobiernos europeos y las autoridades comunitarias? Lo explic� el portavoz de la Comisi�n Europea Johannes Laitenberger: �La medida afecta a ciertas empresas europeas�. Ah� est� el quid de la cuesti�n, que el c�digo de valores y el orden de prioridades de los gobiernos europeos antepone salvaguardar los intereses de las empresas a los de los bolivianos y que confunden los intereses de esas mismas empresas con los de sus pa�ses. Ninguno de estos gobiernos se mostr� contrariado mientras las empresas incumplieron las condiciones de decretos anteriores ni los principios de la Constituci�n boliviana. S�lo lo hacen ahora, cuando ven que estas empresas privadas pueden perder una parte de sus beneficios, obtenidos en gran medida, no se debe olvidar, de no respetar la legalidad de Bolivia. -