DONOSTIA
El anuncio de Evo Morales de nacionalizar los yacimientos y la gestión del petróleo y del gas boliviano ha provocado una lluvia de reacciones de las multinacionales afectadas y los gobiernos sede de estas empresas. Como cabía esperar, la mayoría de los gobiernos hicieron suya la preocupación de las petroleras, conscientes de que el nuevo decreto reducirá en unos cuantos puntos sus ingentes beneficios.
Algunos gobiernos, como el de México, mostraron su preocupación por los cambios que traerá este paso, pero reconocieron el derecho legítimo de Bolivia a gestionar sus recursos. Reconocimiento que brilló por su ausencia en las declaraciones de los países europeos, pese a que éste es un derecho que la mayoría de los europeos ejercen y sus gobiernos defienden con uñas y dientes.
Unos hablaron de menos y otros de más. Javier Solana, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, se lamentó por el prejuicio, que a su parecer, causará al pueblo boliviano la nacionalización de los hidrocarburos, débil argumento habida cuenta de lo poco creíble que resulta su preocupación por los intereses de este pueblo.
Además, se atrevió a emitir una amenaza velada hacia el presidente de Bolivia. Solana recordó ayer que, en su entrevista con Morales el pasado 5 de enero, le transmitió el mensaje de que «la seguridad jurídica es fundamental para que la inversión extranjera llegue y el desarrollo se pueda producir». «Yo creí que había entendido bien lo que le había dicho (...) Creo que a lo mejor no lo ha entendido del todo», añadió. El representante de la UE hizo gala de la prepotencia europea cuando tratan con las que hace tiempo dejaron de ser sus colonias.
Con el mismo complejo de metrópoli reaccionó la Comisión Europea, que lamentó que el Gobierno boliviano no haya realizado «un proceso de consulta y discusión» previa antes de aprobar el decreto.
El asesor del Ministerio boliviano de Hidrocarburos, Manuel Morales, desestimó las presiones de los gobiernos de los países sede de las transnacionales, y, en declaraciones a la agencia cubana Prensa Latina, dejó claro que el decreto «es soberano, no se discute ni se negocia».
Además, Evo Morales fue más allá y, en su alocución ante cientos de bolivianos en La Paz, clamó que el decreto es sólo el principio de un proceso que culminará con la recuperación del resto de recursos naturales. «Si estamos empezando a nacionalizar hidrocarburos, pasado mañana será la minería, los recursos forestales y todos los recursos naturales», prometió. El presidente pidió a su pueblo un «poquito» de paciencia y anunció que su Gobierno está preparando un paquete de decretos para recuperar la tierra.
Las directamente afectadas, las petroleras extranjeras, fueron más cautas y, aunque reconocieron que el cambio no es plato de gusto, la mayoría mostró su disposición a negociar para mantener sus negocios en el país sudamericano.
Algunos analistas apuntaban a que el caso boliviano podría despeja el camino para otros países sigan sus pasos.
En cualquier caso, el Ejército sigue custodiando los campos petroleros y las refinerías por si alguna empresa adopta «acciones injustificadas» en contra de la nacionalización.
LA PAZ
Según el decreto de nacionalización, el Gobierno se hará con el 51% de las acciones de las cinco petroleras originalmente bolivianas que fueron privatizadas en la última década. En las empresas extranjeras, el Estado aumentará su participación.
En el caso de que las compañías que operan en el país se fueran, YPFB tiene firmado un acuerdo con una empresa estadounidense dispuesta a aceptar los nuevos terminos. También están negociando con compañías europeas y con Petróleos de Venezuela, informó el vicepresidente Alvaro García. Linera.
El margen de rentabilidad de esas empresas se reducirá al 7%, dentro de los parámetros internacionales. Los campos petroleros de San Alberto y Sábalo generan el 70% del gas que se exporta. Cuando el decreto entre en vigor, las empresas que los gestionen deberán entregar al Estado el 82% de su producción, mientras que las empresas se quedarán con el 18%. «Con Sánchez de Lozada (precursor de la privatización) era al revés. Hoy la tortilla se ha volcado», dijo García Linera.
Gracias a estos cambios, el Estado ingresará 618 millones de euros más por año que cuando gobernaba Sánchez de Lozada.
