El informe de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa se compone de dos partes diferenciadas. En la primera se realiza un análisis del fenómeno de la deslocalización así como una propuesta de acciones a considerar, a cargo de Carmen Gallastegui y Elena Iñarra, del Instituto de Economía Pública de la UPV-EHU. En la segunda, se abordan los ámbitos de internacionalización, innovación, empleo y estrategias públicas.

En la primera parte, las autoras plantean: La reforma en el Sistema Vasco de Información; la clonación de parques tecnológicos en áreas geográficas de interés; la creación de un observatorio tecnológico; la financiación capital riesgo acorde con las necesidades que plantea la globalización; la creación de un fondo social para evitar los perjuicios de los trabajadores sin empleo.

En el caso de la creación del fondo social, es decir, el seguro salarial, el objetivo «es que las empresas susceptibles de practicar la externalización establezcan un seguro que cubra el salario de afectados durante el tiempo que estén desempleados y en proceso de reconversión, y que también compensen los salarios que pierdan con la recolocación. La prima del seguro podría estar cubierta por un determinado porcentaje de los ahorros de las empresas, derivados de la deslocalización, complementando con una cantidad a cuenta de la liquidación final que los trabajadores suelen recibir al cesar en su empleo».

¿Es creíble que las empresas que se deslocalizan, establezcan voluntariamente un seguro para los trabajadores «damnificados»? Las autoras señalan, al hablar de los problemas generados por la deslocalización, que hay que «exigir a las grandes compañías que lo practican que destinen un determinado porcentaje de los ahorros derivados de la externalización». ¿Quién lo exigirá? ¿Los poderes públicos? No parece que van por ahí las directrices de nuestros gobernantes. En marzo, Ana Aguirre, responsable de Industria de Eusko Jaurlaritza, hablando de deslocalizaciones y movimientos de capital, dijo que hay que facilitar a las empresas que tomen las decisiones con el menor número de trabas posibles.

Asimismo se señala que con «el establecimiento de un seguro salarial se consigue un doble objetivo: las empresas se preocuparán de buscar aquellos países donde los ahorros por la externalización sean mayores, lo que redundaría en un mayor abaratamiento de los costes de sus productos; el aseguramiento propuesto crea un mecanismo autorregulador, ya que relaciona la tasa de externalización con la tasa de reempleo: la prima del seguro aumentará, reduciendo las ganancias de la externalización, en periodos de alto desempleo y haciendo que externalización sea menos atractiva para las empresas en periodos de desempleo alto».

Como vemos estamos en el reino de la economía-ficción. Al fallar el pilar fundamental (¿quién va a obligar que la empresa desarrolle el seguro salarial?) la construcción del edificio teórico no se sostiene. ¿De donde salen los mecanismos autorreguladores citados? ¿No tienen ningún papel los poderes públicos? Y si los poderes públicos no quieren actuar, como ocurre en el marco liberal dominante, ¿qué sucede?

«ESTABILIZADORES»

También es sintomática cualquier referencia a los colectivos laborales que son los principales afectados por la deslocalización. Siguiendo su lógica, los sindicatos deberían reivindicar el seguro salarial, bien en los convenios colectivos o como reivindicación político-sindical para que se introdujera en la normativa laboral. Es tan irrealista que cuesta creer que se hable con seriedad. En la propuesta de la Cámara aparece este punto. ¿Cree alguien que la patronal movilizará a sus empresarios en esa dirección?

Se está desarrollando un conflicto laboral agudo en Volkswagen, deslocalizándose un tercio de la producción. ¿Alguien cree que, ante los despidos, los sindicatos van a plantear (y conseguir) el seguro salarial?

Otra medida novedosa es la «clonación de un parque tecnológico». Citan un caso de Vicenza, en Italia, donde han planificado clonar un parque en Eslovaquia. En determinadas regiones italianas existe una tradición de décadas de empresas que trabajan conjuntamente, lo que se denominan los distritos italianos, la «tercera Italia», entre otras variantes. Aquí, ni siquiera en sectores avanzados como la máquina-herramienta es posible conseguir alianzas para comercializar en el exterior. Si añadimos el bajo nivel tecnológico de un sector importante de nuestras empresas, nos da idea de lo poco realista que es. Es mucho más importante impulsar medidas eficaces para mejorar el nivel tecnológico, especialmente de las pymes.

También plantean observatorios tecnológico-económicos. Es evidente que faltan dispositivos de apoyo a las pymes, especialmente en la esfera tecnológica y estratégica. Pero la Administración es reacia a impulsar instituciones públicas en este campo. Hace varios años se creó, bajo el patrocinio de la Diputación de Bizkaia, Zaintek, que realiza tareas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para pymes. Pues bien, han pasado cinco años y no hay dispositivos parecidos ni en Gipuzkoa ni en Araba. Es evidente que no hay voluntad política en potenciar dichos dispositivos.

Las autoras comentan la necesidad de la «reforma del Sistema Vasco de Innovación», señalando deficiencias conocidas en las relaciones Universidad-Empresa y apuntando, superficialmente, la necesidad de crear un «Instituto Vasco de Investigación y Estudios Avanzados». Se aborda también la «financiación de capital-riesgo» y se señala tímidamente que «quizá fuera necesario reforzar la financiación destinada a las pymes con proyectos tecnológicos», cuando son sólo varias decenas de millones de euros de capital-riesgo los que se dedican a fomentar empresas innovadoras.

En la segunda parte del estudio se abordan propuestas en el ámbito de la internacionalización. Además de plantear ideas generales o aspectos conocidos ­«ventanilla única»­, conviene mencionar la de tomar medidas para «asegurar el control de la empresa vasca sobre los procesos deslocalizados y estudiar las posibilidades de acompañamiento al exterior de los proveedores locales».

También se concretan las acciones propuestas en el ámbito de innovación. Se señalan aspectos relacionados con la necesidad de una Agencia Tecnológica, polígonos industriales en el exterior, renovación de iniciativas de clusterización y otro tipo de iniciativas generales, sin cuantificar costes, poner plazos o condiciones. Abordan, además, acciones propuestas en el ámbito de empleo. Se insiste, acertadamente, en medidas relativas a la formación continua, aunque no se concreta en recursos ni en propuestas. Se plantean medidas para mejorar la flexibilidad de entrada y de salida, señalándose que «las empresas extranjeras atraídas hacia la comunidad autónoma con importantes ayudas públicas deberían tener la obligación de recolocar el excedente de plantilla ocasionado por la deslocalización de parte de su actividad (...) el incumplimiento sería sancionado con la pérdida de beneficios fiscales u otras ayudas». Más contundente hubiera sido que, ante el incumplimiento, devuelvan las ayudas públicas.

En definitiva, lo que se desprende del informe es «que el esfuerzo principal para hacer frente a esta situación corresponde a las empresas». Sin negar la importancia de los actores empresariales, se abandona una visión estructural del tema y, por tanto, de las medidas a tomar, siendo inexcusable la actuación de los poderes públicos, que han de actuar como estrategas económico-sociales, conjuntando esfuerzos de los diversos actores sociales, para mantener un tejido productivo y social estable. Pero la visión liberal dominante impide visualizar este modelo y, por tanto, estamos muy lejos de actuaciones estratégicas como las que se deben plantear.

EL PESO DE LAS MULTINACIONALES

El caso de Volkswagen es elocuente. En abril, ha decidido reducir en un tercio la producción del modelo Polo y llevarla a Bratislava, utilizando la presión salarial a la baja para que los trabajadores no recuperen el 13% de sueldo perdido en los últimos tres años. Aunque es cierto que el salario medio es más bajo en Bratislava, la productividad de Landaben es mayor. Pese a haber recibido ayudas a la inversión y al mantenimiento del empleo, el Gobierno de Nafarroa deja hacer a la empresa, intentando «mediar» a la baja e incitando a los trabajadores a que acepten las propuestas de la empresa. Los planteamientos liberales en lo económico conllevan consecuencias nefastas para los trabajadores.

En Euskal Herria, MCC es el grupo industrial más importante. Cooperativas como Irizar, Maier o Ulma, entre otras, tienen filiales en otros países, pero quizás sea el caso del grupo Fagor, su dinámica, el caso más significativo. Como empresa cooperativa tiene dos posibilidades para el crecimiento externo: la compra de otras empresas y las alianzas. La compra de la francesa Elco-Brandt, en 2005, se discutió en dos asambleas extraordinarias en Mondragón y en Basauri. Los socios pusieron condiciones, entre ellas, el mantenimiento de sus empleos. «Los socios se someten a la presión de la competencia y adoptan una nueva decisión que ahonda en la transformación de Fagor en una multinacional», señala A. Errazti en un estudio sobre el tema.

Al principio, la internacionalización estaba planteada como una necesidad para abrir mercados, pero actualmente está amenazando al empleo local. Algunos productos de Fagor, de gama baja y bajo precio, se producen en la planta de Wrozamet (Polonia), con salarios seis veces menores. La compra de Brandt, en cambio, tiene como objetivo afianzar el empleo en EuskalHerria, ya que al adquirir una empresa en un país de altos costes laborales, si hubiera que «deslocalizar o reorganizar la producción en el grupo, como es muy probable que suceda, las plantas de Brandt serán las primeras en verse afectadas, mucho antes que las de Mondragón», según Errazti.

La extensión del modelo societario cooperativo en las filiales en el caso de Fagor presenta dificultades. ¿No hay otras salidas para la internacionalización de las cooperativas? ¿Cómo enfrentarse a las posibles deslocalizaciones de empleos, sin perder la identidad cooperativa? El mundo cooperativo tiene que construir un escenario donde exista un proceso de internacionalización que subraya la particularidad del proceso cooperativo y «hace suyo un análisis económico, social y político que plantea un desarrollo global para el conjunto de los pueblos e impulsa la rápida aceleración de los niveles salariales y condiciones sociolaborales de los países en vías de desarrollo», según A. Mendizabal.

Asimismo, está obligado a dar alternativas que consideren el acceso a la propiedad, la gestión participativa y el compromiso con el entorno. Según Mendizabal, «respecto al acceso a la propiedad, planteando la apertura de fórmulas que permitan acceder a los trabajadores y trabajadoras de esos países a la propiedad total o parcial de sus empresas. Respecto a la gestión participativa, exigiendo la implantación en sus empresas en esos países de sistemas de gestión y procesos de innovaciones similares o equivalentes a los existentes en las cooperativas de origen. Respecto a la implicación con el entorno, aplicando el principio de que las plusvalías generadas en los países de destino se reinviertan siempre en el interior de sus limites territoriales».

En Euskal Herria tienen una gran tradición ciertos sectores maduros que soportan, mal que bien, los embates de los países del Este europeo y China. Un caso diáfano es el sector de la fundición vasca, que representa más del 50% de la facturación y del empleo del sector en el Estado español. En los dos últimos años se ha producido una caída de pedidos y el desvío de contratos al Este europeo y al Sudeste asiático. Además de la innovación tecnológica, diversos expertos señalan la necesidad de realizar implantaciones productivas en el exterior, no sólo para hacer frente a los competidores de países emergentes, sino para «conservar» los mercados, recuperar los perdidos y acceder a otros nuevos.

MEDIDAS A ADOPTAR

Para impulsar este tipo de medidas ha de haber una intervención pública que lidere el proceso de innovación y de modernización del tejido industrial, con un abanico de medidas que van desde ayudas a las empresas, especialmente pymes, hasta la mejora científico-tecnológica de las universidades, pasando por una reorientación y mejora de los centros tecnológicos y de servicios institucionales ligados a esta problemática.

Es necesario un conjunto de normas y de aspectos institucionales que escapan al marco vasco existente, en su capacidad actual de tomar decisiones. Medidas legales europeas que prohíban los despidos de empresas rentables que buscan con la deslocalización aumentar los beneficios. Imposición de gravámenes fiscales para productos reimportados de empresas deslocalizadas. Exigencia de reembolso de ayudas públicas recibidas por parte de empresas que deslocalizan. Desgravaciones fiscales para exportaciones extracomunitarias. Establecer normas europeas que graven el transporte, dados los daños medioambientales que originan.

Ante la fragmentación de los procesos de trabajo y la consiguiente subcontratación/deslocalización de parte de las actividades, reivindicar la integración de las actividades que se quieren subcontratar (y de sus trabajadores). En muchos casos la subcontratación es preludio de una deslocalización.

En la esfera estrictamente laboral, los comités de empresa deben tener capacidad para suspender un plan de reestructuración mientras obtiene la información necesaria para conocer la situación económico-financiera de la empresa. Capacidad del comité de empresa para plantear el derecho de veto ante medidas destructoras de empleo.

Ante los retos planteados por la dinámica económica internacional, sólo la adopción de medidas articuladas a nivel local y general, de empresas e instituciones, de resistencia y de exigencia de mayor democracia económica en la empresa harán posible una dinámica socioproductiva más estable y justa y un mayor grado de bienestar social. -

(*) Anton Borja: Profesor de Economía de la UPV y consejero del CES.