No hubo mucha gente el sábado en Baiona en la manifestación contra el proyecto de ley de Nicolas Sarkozy que instaura la inmigración a la carta. Independientemente de las razones que nos llevan a los natu- rales a no manifestarnos en defensa de los derechos de los exiliados de la miseria, asombra la poca presencia de aquellos a los que perseguirá la ley. Un vasco de adopción calculaba hace unos días en más de 400 las familias magrebís que viven en la costa labortana y corren el riesgo de ser expulsadas si la ley entra en vigor.

¿Por qué no se manifestaron? Podría pensarse que no les importa su futuro, podría pensarse que han recibido tantos palos que ya no tienen energías para reaccionar, podría pensarse que son unos ingenuos que no se imaginan lo que puede caérseles encima. Pero les importa su futuro y, a pesar de los palos de la vida, aún tienen fuerzas para reaccionar. Y no, no son ingenuos, son muy conscientes de lo que puede venírseles encima. Por eso muchos de ellos no salieron.

Quien ideó la ley es un genio maquiavélico, porque este proyecto legislativo será el único que comience a tener efectos sin haber entrado en vigor. En efecto. La ley no sólo establece una inmigración a la carta a través de la cual sólo la materia gris y la fuerza de trabajo dócil y barata tienen derecho a obtener papeles. El nuevo texto, de promulgarse, legaliza el control arbitrario de los ciudadanos no europeos. La herramienta de ese control: el principio sacrosanto del respeto a los valores republicanos. Que nadie me pregunte a qué valores se refieren.

Por muy exagerado que parezca, bajo la premisa del no respeto de los valores republicanos un alcalde tiene el poder de señalar a un ser humano cualquiera para que el prefecto de turno le dé la patada de la expulsión. Con lo cual se obtienen dos cosas; una, domesticar al extranjero bajo la amenaza de la expulsión y, dos, otro pretexto legal para deshacerse de aquéllos que no son útiles. Sarkozy pretende instaurar una dictadura selectiva, como en tiempos deVichy, donde el control social del estigmatizado esté autorizado por ley.

Los inmigrantes ya no podrán alzar su voz para reivindicar un salario justo o una vivienda digna, porque alzar la voz no es una actitud republicana. Y lo que es peor, los inmigrantes vivirán con el temor a ser despojados de su futuro. Pocos se manifestaron el sábado. La ley comienza a surtir efecto. -