Hace un año, en mayo, escribí en esta sección un articulillo con el mismo título. Desde Valencia una discípula de Lacan me hizo saber que le gustó mucho (yo lo agradecí y le contesté que yo de Lacan ni puta idea).

Como sea que la expresión «Estado de Derecho» regurgita sin parar en boca de eso que llaman «clase política», me veo obligado a insistir, higiénicamente, en el origen de ese paradigma milagroso como baba de caracol. Oímos graznar sin solución de continuidad y como garrir de loros eso de «porque aquí, bajo el Estado de Derecho...» y tal parece que una de dos (o las dos): o bien no se lo creen ni ellos mismos, o bien tratan (o tienen) al pueblo como niño al cual mandan escribir cien veces en la pizarra aquello de «vivimos en un Estado de Derecho» martilleándole el tarro.

El término «Estado de Derecho» fue acuñado a finales del siglo XIX y principios del XX por teóricos alemanes, ligado a los problemas de la revolución burguesa en Alemania y, en concreto, al modelo prusiano. Mientras en Francia la burguesía se impuso a la nobleza feudal por la vía revolucionaria, en Alemania siguió un sinuoso camino que debió comenzar por lograr la unidad nacional. Esto quiere decir que, así como en Francia se impuso un nuevo y esencial concepto jurídico, la «soberanía nacional», en Alemania ese principio en su legislación siguió fundado sobre la idea de que la soberanía radica en el rey y no en la nación. El imparable desarrollo del capitalismo en Alemania creó una nueva casta aristocrática ejerciendo el papel que correspondía a la burguesía: los junkers. Para ellos, propietarios de grandes fábricas, elaboraron Laband, Jellinek y otros la teoría del «Estado de Derecho». Constructo y teoría concebida para negar el principio básico de la democracia burguesa (hoy lo que existe es una «partitocracia»), que es la soberanía popular o, en versión burguesa, nacional.

Sintetizando por razones de espacio, diremos que la idea capital del Estado de Derecho es que el principio de soberanía no existe: no solamente no es el pueblo quien tiene la facultad de crear las normas legales, sino que, muy al contrario, el pueblo debe estar sometido a esas normas. En otras palabras: el verdadero soberano es el Derecho, no el pueblo. Un derecho, una constitución, que, por ejemplo, no contempla la tortura, ergo no existe. O sea, que el juez Grande Marlasca va por libre (es soberano) en el macrosumario 18/98 y el Estado (súbdito) se somete a él (al Derecho). Oye, y en este plan, a su bola, por si cuela. -