Indígenas de Bolivia exigen compensaciones a Repsol
Autoridades de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu, departamento de Tarija, exigen a la multinacional española Repsol el pago de 42 millones de dólares (32,7 millones de euros) por los daños medioambientales, culturales, sociales y económicos causados por la petrolera durante los últimos diez años en territorio guaraní, donde se sitúa la reserva de gas más importante de Bolivia, Campo Margarita.
MADRID
Una delegación del pueblo guaraní se presentó ayer en Madrid para reunirse con representantes de la multinacional Repsol, justo el día en el que los neocolonialistas españoles volvían a lanzar sus furibundas críticas contra Bolivia, en un calco de lo sucedido el pasado 1 de mayo, tras la nuevas medidas que afectan al BBVA y a la aseguradora suiza Zurich.Los indígenas guaraníes traen bajo el brazo un informe elaborado el pasado año por Henry Guardia, de la ONG boliviana Ceades, sobre la cruda realidad que vive su comunidad bajo el imperio de Repsol en el departamento de Tarija. El presidente de la Asamblea guaraní, Fabián Callo, y el responsable de Medio Ambiente de la organización, Venildo Vaca, anunciaron en una rueda de prensa en Madrid que exigirán a la petrolera el pago de 32,7 millones de euros a su comunidad en compensación por el grave impacto de las actividades de Repsol en su territorio. Callo y Vaca denunciaron la situación de las comunidades indígenas frente al «abuso« de las transnacionales, y mostraron su intención de pedir a las autoridades españolas que definan «su postura ante las empresas que, como Repsol, violan las leyes de Bolivia». El informe de Ceades se centra en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) área protegida de Itika Guasu, relata las irregularidades cometidas por Repsol y presenta una serie de recomendaciones tanto al Estado boliviano como a la petrolera. El documento, no obstante, está elaborado antes del reciente decreto de nacionalización.
Las violaciones de la petrolera El texto señala que «producto de una posición debilitada del Estado boliviano en 1996 se abre a las transnacionales de Bolivia con estándares sociales y ambientales muy por debajo de lo establecido por el Banco Mundial, la empresa Repsol aprovecha al máximo las facilidades y se apropia de concesiones petroleras sin considerar por ellos que las mismas se encuentran en territorios indígenas que en Bolivia tienen la categoría de TCO, [...] ni que sus concesiones se encuentran en áreas que por su sensibilidad ecológica y social están protegidas por el Estado».
El estudio señala que las actividades de Repsol han provocado impactos negativos tanto a nivel ambiental, social, cultural y económico; denuncia que la petrolera no cuenta con una política dirigida a la salvaguarda de los derechos de las poblaciones indígenas, lo que está ocasionando que su presencia en las TCO sea de un «alto impacto cultural semejante al etnocidio». Etnocidio, matiza el texto, entendido como «la muerte cultural producto de la negación de la cultura, que está provocando que se imponga otro sistema cultural, otra forma de vida y visión del mundo». El documento acusa a Repsol de «no cumplir con sus principios, misión y visión que publica en sus informes. Su accionar en Bolivia es falto de transparencia, las operaciones de la empresa en las TCO faltan a la ética, produciéndose acciones de abuso a las comunidades»; así como de «atentar contra los derechos humanos de las comunidades indígenas, atenta también contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en tratados internacionales y leyes nacionales». Guardia explicó en Madrid que Repsol «no respetó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el que se exige el pago de compensaciones justas a la comunidad por los daños medioambientales causados». «La empresa sólo realizó obras sociales levantando lavanderías sin grifos y colegios o parques que se están derrumbando (...) No es una compensación justa». Además, la comunidad es ahora «más pobre que cuando llegó Repsol, cuya presencia en el país se ha convertido en «una sistemática violación a los derechos indígenas y al respeto a la identidad cultural del pueblo guaraní» con gestos como el de construir campamentos en lugares sagrados como el Ivoca, un cementerio «similar en carácter sagrado para nosotros como una catedral», explicó el responsable del informe.
«No hay nada que indemnizar»
GARA
BRUSELAS El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reafirmó en la legitimidad del decreto para nacionalizar los hidrocarburos y dejó claro que el Gobierno boliviano no se plantea indemnizar al BBVA: «No hay nada que indemnizar porque no estamos expulsando a nadie ni estamos expropiando. Sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo boliviano», señaló Morales y agregó que «las inversiones son un aporte de los trabajadores que sólo estaban administradas por una empresa privada», en referencia al BBVA. Ahora, «los fondos de los trabajadores van a estar administrados por el Estado boliviano». Morales destacó que Bolivia no está haciendo nada que no haya hecho antes Europa. Lo dijo, en primer lugar, en relación con los hidrocarburos, puesto que la nacionalización «es una decisión soberana pero muy racional con las empresas» y señaló que «no expulsamos a ningún europeo aunque mis hermanos y hermanas que vienen a buscar trabajo están siendo expulsados de Europa». Ecuador revoca un contrato con la petrolera Oxy
El ministro de Energía de Ecuador, Iván Rodríguez,
revocó el contrato de explotación de un bloque petrolífero por parte de la estadounidense Occidental Petroleum (Oxy) y se reservó el derecho a incautar sus activos. Rodríguez declaró en una rueda de prensa la «nulidad» del contrato . -
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