El Estado boliviano se dispone a dar millones de hectáreas a los indígenas
La reforma agraria propuesta por el Gobierno de Evo Morales para eliminar «latifundios ociosos» y dar millones de hectáreas de tierra a comunidades indígenas bolivianas cosechó aplausos entre las clases más desfavorecidas y críticas entre quienes ven en peligro sus privilegios. El plan fue presentado el martes.
LA PAZ
El plan fue hecho público en la ciudad central de Cochabamba, como un conjunto de medidas urgentes que se concertarán con los empresarios agrícolas desde el próximo miércoles, pero que pueden ser profundizadas en la próxima Asamblea Constituyente. El programa prevé la distribución inmediata de entre 2 y 4,5 millones de hectáreas de tierras fiscales sólo a comunidades indias y sindicatos campesinos, y la reversión al Estado de los latifundios improductivos acumulados principalmente en Santa Cruz, en el oriente del país.El analista Miguel Urioste, de la Fundación Tierra, un centro especializado en el tema, calificó el plan como un «salto cualitativo para profundizar la distribución de las tierras en el país» y terminar con el «latifundio encubierto». Según el experto, la primera reforma agraria, dictada en 1953 por el presidente Víctor Paz Estenssoro, produjo una distribución desigual porque cerca de 40.000 empresas poseen 36 millones de hectáreas y 500.000 campesinos apenas 12 millones de hectáreas. Además, aseguró que la mayoría de estos últimos terrenos, en el altiplano norte, no son aptos para la producción. Por contra, subrayó la existencia en el oriente del país de «no más de 100 familias» muy influyentes que poseen cerca de 100.000 hectáreas, pero de las que sólo 5.000 están en producción. Según el superintendente forestal, José Martínez, no debería haber problemas de tierra en Bolivia, dado que el país tiene 1,1 millones de kilómetros cuadrados para nueve millones de habitantes, la mitad de los cuales vive en cuatro ciudades.
Santa Cruz se queja
Las críticas surgieron entre las autoridades locales y empresarios de Santa Cruz. El gobernador de dicho departamento oriental, Rubén Costas, reivindicó ayer sus competencias en algunas políticas sobre la tierra, contra la intención gubernamental de centralizar otra vez las definiciones sobre el tema. Remarcó que sólo pueden distribuirse a los campesinos tierras fiscales y no particulares y que, en el caso cruceño, éstas deben beneficiar a los que habitan en esa región.Su homólogo del departamento norte-amazónico del Beni, Ernesto Suárez, expresó su preocupación ante la posibilidad de avasallamientos de propiedades y alertó sobre la existencia de «incertidumbre y zozobra en los sectores sociales y productivos». Las patronales agropecuarias de la región oriental achacaron a la propuesta una intención política de cara a la Asamblea Constituyente de agosto próximo, aunque destacaron la disposición de dialogar del Gobierno de Evo Morales.
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