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Gara > Idatzia > Euskal Herria 2006-05-18
La Cámara de Gasteiz, contra el criterio del TS sobre la acumulación de penas
El Parlamento de Gasteiz mostró ayer su rechazo al cambio de criterio del Tribunal Supremo en materia de acumulación y redención de penas que se dio en contra del preso político vasco Unai Parot. A propuesta de EA, la Cámara denunció la vulneración de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de irretroactividad.

GASTEIZ

El Parlamento de Gasteiz volvió a denunciar ayer una actuación de los tribunales españoles. A propuesta de EA, y con el apoyo de PNV, EB y Ezker Abertzalea, la Cámara autonómica mostró «su rechazo al cambio de criterio manifestado por el Tribunal Supremo en materia de acumulación y redención de penas impuestas conforme al Código Penal de 1973». Entiende que el cambio conculca «los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

Por esa razón, el Parlamento solicitó «a los órganos e instancias competentes que apliquen la normativa en el mismo sentido en el que lo venían haciendo con anterioridad al cambio operado con la sentencia» contra el preso político vasco Unai Parot.

Los portavoces de EA, EB y PNV calificaron la sentencia contra Parot de «retroceso democrático de primer orden» y apuntaron que el cambio de criterio del Tribunal Supremo se debe a motivaciones políticas e incluso de venganza.

El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, se negó a entrar en el debate, aduciendo que tratar de marcar las pautas del Tribunal Supremo desde el Parlamento de Gasteiz era «un despropósito». Desde el PP, Leopoldo Barreda negó que existiera un cambio de jurisprudencia, puesto que, aunque la ley se había aplicado de una forma desde 1973, no podía hablarse de jurisprudencia.

Tanto PP como el PSE reivindicaron la separación de poderes, a lo que José Antonio Rubalkaba, del PNV, respondió si era peor criticar una decisión judicial que montar una campaña de presión previa para que el Supremo se pronuncie en el sentido deseado cargando las tintas contra Unai Parot.

PNV, EA, EB y Ezker Abertzalea votaron a favor de denunciar el cambio del Supremo, y PSE y PP, en contra.



El PP intentó sin éxito ligar a ETA con los actos de Barañain y Getxo

El PP intentó ayer infructuosamente que el Parlamento de Gasteiz ligara con ETA los ataques de Barañain y Getxo. Su portavoz, Leopoldo Barrada, presentó una propuesta de condena «de los atentados» y de exigencia de la disolución de ETA.

El PSE y el tripartito vieron en esto un intento de ir contra un posible proceso de paz. Por ello, el primero presentó una enmienda de condena de los «actos de violencia callejera», solidaridad con los afectados y de apoyo al Gobierno español y a la resolución del Congreso. El tripartito se quedaba en la primera parte de condena y solidaridad.

A propuesta del PSE, se hizo un receso para tratar de acordar un texto único, pero el PP se opuso a desvincular a ETA de su condena.Los textos de votaron por separado y salió aprobado el del tripartito, con la abstención del PSEy el no del PP.



Erauskin: «Rechazar la política penitenciaria»
I.I.

Ezker Abertzalea votó a favor de la propuesta de EA a pesar de considerarla «parcial y poco pretenciosa». Según señaló su portavoz, Nekane Erauskin, es preciso analizar y rechazar «la política represiva y vulneradora de derechos que se realiza en las cárceles de los estados español y francés contra las presas y presos políticos vascos», y denunciar a los promotores de esa estrategia.

Erauskin criticó con dureza al Tribunal Supremo, porque no sólo ha cambiado la jurisprudencia sino que «ha suplantado al Legislativo modificando la norma», algo que está prohibido. Pero en opinión de Ezker Abertzalea, los jueces no hubieran dado ese paso si no se hubieran sentido arropados por la estrategia diseñada en su día por el Pacto PP-PSOE.

Nekane Erauskin reclamó al Parlamento un rechazo más amplio a la política penitenciara y el reconocimiento «del carácter político del colectivo de presos y presas»; que subraye la exigencia de que cese la vulneración de sus derechos; y que demande la participación del colectivo «como un agente más en el proceso político que se abre».


 
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