Hace tres años se celebraron las primeras elecciones bajo la aplicación de la Ley de Partidos que ilegalizaba a Batasuna. Las plataformas locales de la izquierda abertzale se constituyeron en la segunda fuerza de Euskal Herria en número de concejales. De acuerdo a las papeletas, obtuvieron 579 ediles y fueron las más votadas en un total de 21 localidades. Sin embargo, la aplicación del apartheid político hizo que unos cuatrocientos de esos concejales fueran «anulados». Se dio el agravante de que esos puestos no quedaron vacíos. Los ocuparon personas que no tenían el respaldo de la soberanía popular sino el de una ley antidemocrática. Llama la atención que ­salvo honrosas excepciones personales­ ninguna de las formaciones que verbalmente criticaba la Ley de Partidos tuvo empacho alguno en aprovecharse de la conculcación de derechos que denunciaban para engordar su bolsa de cargos, dando así carta de naturaleza a un estado de excepción que todavía hoy se mantiene a pesar de existir mecanismos legales para corregirlo.

Pero hace tres años comenzó también un movimiento de fondo en la política vasca. Cerca de 170.000 personas optaron por una papeleta que sabían que iba a ser legalmente anulada. Un acto masivo de insumisión, inaudito en Europa, que da la medida de la firmeza y compromiso político de un importante sector social de Euskal Herria que podrá ser proscrito legalmente pero no anulado. Esos casi 170.000 votos anulados anunciaron la derrota de la Ley de Partidos y de la estrategia represiva del Pacto PP-PSOE incluso a los ojos de algunos de sus principales impulsores. Pero, además, aquella demostración de arraigo está en el inicio de la reflexión que llevó a la izquierda abertzale a la Declaración de Anoeta y, con su desarrollo, a la situación actual.

Pese a estar políticamente superada y socialmente fuera de lugar, la estrategia de ilegalización diseñada por el Pacto PP-PSOE sigue manteniéndose todavía vigente y supone un enorme lastre para un proceso de paz y normalización democrática que no acaba de despegar como debiera. Un partido no puede trabajar si hasta la rueda de prensa en la que presenta su delegación para una mesa de resolución del conflicto es considerada delictiva. Es tarea del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero desactivar esa bomba de relojería. Que nadie apele a la aplicación del Estado de Derecho. También el apartheid era legal en Sudáfrica, pero eso no significa que fuera justo ni conforme a las normas más básicas del Derecho. -