Morales prima a los indígenas en su proyecto constituyente
El proyecto del presidente de Bolivia, Evo Morales, para la Asamblea Constituyente que será elegida el 2 de julio incluye derechos exclusivos para los indígenas, nacionaliza la tierra y los recursos naturales, y protege el cultivo de coca. También consigna la «voluntad indeclinable» de obtener una salida al Pacífico, que Bolivia perdió en el siglo XIX.
LA PAZ
El proyecto de Morales antepone los derechos colectivos y de los pueblos indígenas y campesinos a los individuales, según el documento: «Refundar Bolivia», editado por el Movimiento al Socialismo (MAS). Además del castellano, serán idiomas oficiales el aimara y el quechua, y la bandera indígena multicolor, la whipala, tendrá el mismo reconocimiento que la actual roja, amarilla y verde, según ese documento obtenido que, según asegura Efe, hasta ahora sólo ha circulado en forma restringida. «Desde 1826 hasta hoy, Bolivia ha tenido más de una docena de asambleas constituyentes. En todas ellas, los indígenas, los campesinos y los sectores mayoritarios fueron marginados de la vida republicana», dicen las primeras líneas de la propuesta. «La historia de Bolivia es la historia de la resistencia indígena-popular frente a la discriminación y la pobreza», agrega la introducción del documento, y señala más adelante el texto del proyecto que los pueblos indígenas «tienen derecho a la autodeterminación y la territorialidad».
«Democracia consensual» También tienen derecho «al reconocimiento de sus sistemas políticos y de conformación de autoridades», a gestionar sus recursos colectivos «de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbres», a practicar su medicina ancestral, y a «ejercer derechos políticos y ciudadanía diferenciada, de acuerdo a sus usos y costumbres».
El Gobierno de Bolivia, de aprobarse esta propuesta, será una democracia «plural, participativa, comunitaria y representativa, basada en la diversidad de los pueblos, para la eliminación de toda forma de colonialismo, segregación o discriminación». «Se fomentarán los mecanismos de la democracia consensual practicada en las comunidades», añade el texto. Los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial se conformarán «mediante el sufragio universal y mediante sistemas comunitarios tradicionales de toma de decisiones y formas de elección». «Los recursos naturales son de propiedad social y se delega la gestión de su explotación sostenible al Estado», prosigue el documento, que indica que «la hoja de coca forma parte de las tradiciones culturales y será protegida por el Estado».
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