El debate sobre la producción energética se reproduce continuamente, y lo hace con especial interés en los lugares afectados por la existencia de una infraestructura de tanta incidencia como tiene una central nuclear. Euskal Herria se encuentra dentro del radio de acción de la central de Garoña, lo que hace que los posicionamientos sociales, políticos e institucionales se hayan sucedido continuamente desde su construcción y puesta en funcionamiento. Ayer, sin ir más lejos, el Parlamento de Gasteiz aprobó una nueva moción instando al cierre de esta central y rechazando la posibilidad de una nueva prórroga de funcionamiento. De esta manera, la mayoría de fuerzas políticas de la CAV enmendaban la plana a las fuerzas políticas que en el Congreso español rechazaron, el pasado 26 de mayo, una moción en la que se instaba al cierre de Garoña y a continuar con el plan de clausura de las antiguas plantas nucleares, después de que el pasado mes de abril se cerrara la central de Zorita. Porque de hecho, tanto en el Congreso español como en el Parlamento de Gasteiz, PP y PSOE, por diferentes motivos, se están resistiendo a que se concrete, negro sobre blanco, el cierre de centrales tan caducas como Garoña, a abandonar la apuesta nuclear y a arbitrar una política de producción y consumo energético basada en el ahorro, la utilización racional de los recursos y la producción de energía a través de fuentes renovables.

La central de Garoña lleva 35 años en funcionamiento y, si no hay una voluntad social y política clara que lo impida, Nuclenor podría conseguir dentro de tres años, momento en el que culmina su actual periodo de explotación, una nueva prórroga. Y ello, a pesar de sus achaques y continuos parcheos, a pesar de los riesgos de este tipo de instalaciones para el hábitat y para la ciudadanía, a pesar incluso de que su nivel de producción eléctrica parece fácilmente prescindible (apenas un 1,5% de la del Estado español)... y a pesar de que la existencia de estas centrales ocasiona problemas prácticamente irresolubles en el futuro, que obligan a la búsqueda de infraestructuras para los peligrosos residuos, como ya ha anunciado Rodríguez Zapatero que será necesario empezar a estudiar en el caso del Estado español.

Hay que cerrar Garoña porque alargar su vida útil supone agravar todos esos riesgos y supone también retrasar la puesta en marcha de políticas energéticas menos costosas, en lo económico, en lo social y para la salud de las personas y su entorno. -