NUEVA YORK
La reunión de alto nivel sobre el sida en la ONU estaba próxima a finalizar al cierre de esta edición con un acuerdo ambicioso: elevar en cuatro años a 20.000 millones de dólares el esfuerzo financiero en la lucha contra la pandemia. Así consta en el borrador final de la declaración que los 191 miembros de la ONU adoptaran al final de la jornada y en el que, al igual que ocurrió en la cumbre de 2001, se fijarán los objetivos de la lucha contra la enfermedad para los próximos cinco años.
Las discusiones durante los tres días de reunión han sido muy complicadas por las enormes diferencias culturales e ideológicas que enfrentan no solo a ricos y pobres, sino a los estados más progresistas y los más conservadores. Esta última ala, representada por EEUU y gobiernos de confesión islámica, entre otros, han puesto numerosos obstáculos para que la declaración final de la cumbre incluya, por ejemplo, una mención a los homosexuales, a las prostitutas o a los drogadictos, así como a la necesidad de promover el uso del preservativo.
EEUU, esta vez apoyado por Japón y Australia, también se negó a adoptar un compromiso financiero concreto, en tanto que otros países ricos no querían incorporar una mención a la necesidad de flexibilizar los derechos de patentes para que los
más pobres tengan acceso a medicamentos baratos. Pero estos países han contado con un elemento con que no contaban: la dura presión ejercida por las organizaciones no gubernamentales (ONG), que por primera vez han tenido voz en las discusiones y negociaciones.
Los representantes de casi un millar de ONG han logrado que la declaración final incluya alguna de sus aspiraciones, aunque están decepcionados por la falta de objetivos cuantificables. Así, según el borrador final de la declaración, pendiente de firma al final de la jornada, los países se comprometen a triplicar la cantidad que aportan a la lucha contra el sida.
El objetivo es que en el año 2010, el fondo global de lucha contra el sida gestione entre 20.000 y 23.000 millones de dólares. Igualmente, los países se comprometerán a que en ese año se logre el acceso universal a servicios de prevención y tratamiento del 100 por ciento de la población, algo fundamental si se quiere revertir la expansión de la enfermedad para el año 2015.
En materia de prevención, el consenso generalizado es que se debe promover el comportamiento sexual «responsable», lo que incluye la fidelidad y la abstinencia, pero también el uso de preservativos. Las ONG y los países más progresistas no han logrado que se incluya una mención explícita a las necesidades de los drogadictos, homosexuales y prostitutas, postura también defendida por el Estado español.
