De la amenaza del banquillo a la esperanza de la mesa de partidos
El pasado 19 de mayo, a instancias del fiscal Juan Moral, el juez Fernando Grande-Marlaska citaba a ocho «mahaikides», entre ellos los dirigentes más conocidos, por «reiteración delictiva». Si las alarmas ya estaban en rojo, empezaron a echar humo. Pero si alguien pretendía bloquear el proceso, ha conseguido justo lo contrario con los compromisos del PSOE.
Las cosas no iban bien. En público y en privado la izquierda abertzale venía trasmitiendo a sus interlocutores su enorme preocupación por el devenir de los acontecimientos a partir del alto el fuego de ETA. Los hechos no concordaban con la hoja de ruta que parece lógica en este tipo de circunstancias. La represión no sólo no había cesado, sino que los con- troles policiales son cada vez más abundantes en las carreteras de Euskal Herria. La interlocución política de Batasuna, en lugar de ser reconocida, era perseguida y su máximo exponente, Arnaldo Otegi, había sido encarcelado. Con las excusas de la llamada «verificación» y de la ilegalidad de Batasuna, la mesa de partidos se encontraba en vía muerta, apar- cada a la espera de no se sabía muy bien qué.En ese contexto llegó la citación de Fernando Grande-Marlaska a ocho mahaikides por «reiteración delictiva», con el agravante de que se produjo a instancias de la Fiscalía, considerada el brazo del Gobierno en el ámbito de los tribunales, sobre todo en los más altos. Los ocho dirigentes llamados a declarar reaccionaron de inmediato. Alas pocas horas comparecieron juntos ante los medios de comunicación y Arnaldo Otegi, actuando como portavoz de todos ellos, afirmó que «estamos en una situación de extrema gravedad y así no se construye un proceso de soluciones». Quizá alguien pensó de hecho así se dijo y escribió que eran palabras sin trascendencia, parte de un guión predeterminado y pactado (los más ignorantes suelen ser los más osados normalmente). Si alguien tenía motivos para saber si existía tal supuesto guión, ése era el inquilino de La Moncloa. Y en el libreto no debía fi- gurar por ningún lado nada de lo que estaba pasando en las últimas semanas, ya que, según lo que cuentan desde sus aledaños, su preocupación por la preocu- pación de la izquierda abertzale le llevó a adelantar al acto del BEC el anuncio del próximo inicio del diá- logo con ETA. La noticia de Rodríguez Zapatero sorprendió incluso a miembros de la dirección del PSE. Pero la apertura de negociaciones con ETA era una medida que como dicen los analistas de bolsa ya estaba «descontada» por los partidos. Por otra parte, las palabras del presidente del Gobierno en referencia al derecho a decidir o al diálogo multipartito eran consideradas insuficientes por las for- maciones abertzales. El 24 de mayo Batasuna daba a conocer su comisión negociadora. El Gobierno de Zapatero interpretó que la izquierda abertzale le estaba echando un pulso. Sin embargo, seguro que en poco tiempo tuvo noticias directas de que el anuncio del BEC no había hecho remitir la preocupación en este sector político y que seguía pensando que la citación de la Audiencia Nacional podía colapsar el proceso. Según la interpretación de Joseba Egibar, «alguien ha puesto encima de la mesa lo que tenía que poner, diciendo: ‘señores, como no haya homologación de nuestra formación política, esto va a ir mal’». Desde La Moncloa trataron de aplacar los ánimos anunciando a través de las páginas de “El País” que «el fiscal y el juez consideran que promover una comisión negociadora no es delito». ¡Que Santa Lucía les conserve la vista! Ese mismo día, viernes 26 de mayo, Grande- Marlaska elevaba la acusación contra los mahaikides a «amenazas terroristas».
El gran cambio de fondo Si hasta ese momento Batasuna había mantenido
conversaciones con diversos partidos, es de suponer que los trabajos se
intensificaron durante el pasado fin de semana. Sea como fuere, el martes a la noche se produce un enorme revolcón en todo el panorama. Mientras en el Congreso de los Diputados se desarrollaba el llamado Debate sobre el Estado de la Nación, y después de que tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy hubieran pasado de puntillas por las cuestiones relacionadas con Euskal Herria, el secretario general del PSE, Patxi López, hace la comprometida declaración en Radio Euskadi. No sólo anuncia una próxima reunión con la izquierda abertzale, sino que la reconoce como «interlocutor político necesario», asegura que hay que pasar «de los contactos actuales a una fase de negociaciones incluyentes» y habla de conflicto. Estas palabras suponen un enorme cambio de fondo que al día siguiente es avalado por el presidente del Gobierno. Lo que en la primera sesión del debate había sido mutismo y reserva se vuelve locuacidad. José Luis Rodríguez Zapatero afirma que «no haber llegado a la paz no impide que el diálogo político comience». Rajoy que algunos motivos parece tener para sentirse engañado por Zapatero da muestras el jueves de haber calibrado el alcance de lo ocurrido los dos días anteriores y asegura que «se ha puesto en marcha el proceso diseñado en Anoeta».
Satisfaccion en el PSE Como resultaba del todo previsible, el PP, sus
tentáculos mediáticos y organismos satélites han puesto el grito en el cielo,
acusando al PSOEde traición. En cualquier caso, por duras que sean sus palabras,
no hay nada que no hayan dicho antes. Fuentes de la dirección del PSE, consultadas por GARA, consideran que el PP irá amoldándose con el tiempo a la nueva situación, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. En cualquier caso, desde otras instancias del mismo partido no se oculta un cierto temor a cómo puede ser acogido este salto en algunos sectores de su propia militancia y electorado. Pero, en general, las personas que llevan la batuta de este proceso en el PSE se mostraban el viernes satisfechas de cómo se había superado un momento muy complicado. Y más aún observando que el complemento a las medidas políticas había sido que los ocho mahaikides citados por Grande-Marlaska ha- bían quedado en libertad. La citación de la Audiencia Nacional ha servido para que se viera con claridad que una mayoría política y social consideraba un sinsentido la actuación de Fernando Grande-Marlaska, y que es preciso dar una cierta seguridad jurídica a todos los interlocutores. Se ha rumoreado que desde Batasuna se conocía con anterioridad la declaración que iba a hacer Patxi López y que incluso era un texto pactado. Fuentes de la izquierda abertzale, consultadas por GARA, señalan que «lo importante no es si estábamos al tanto o no de la iniciativa. Lo importante es que el PSEhaya dado un paso que posibilita avanzar en la creación de la mesa de partidos». Añaden que consideran que el PSOE «ha recibido con nitidez y claridad el mensaje trasladado públicamente por Batasuna subrayando la gravedad del momento. Pero, más trascendente que eso, es que ha movido ficha en la dirección que demanda el buen desarrollo del proceso». Pero, a pesar de todo, a pesar de que Grande-Marlaska no dictara contra lo que se temía ni órdenes de encarcelamiento ni fianzas millonarias, desde la izquierda abertzale subrayan que «todavía no se dan las garantías de igualdad para todos los agentes». En cualquier caso, cabe decir que en quince días se ha pasado de la amenaza del banquillo a la esperanza de la próxima constitución de una mesa de partidos. Ese paso, todavía, necesita más trabajo de cocina, aunque los ingredientes están puestos. -
La fiscalia fijo su posicion por escrito y con negritas
«Con estas actuaciones no se ha pretendido contribuir a los fines y objetivos de la organización terrorista ETA, sino recuperar la presencia institucional de la formación ilegalizada Batasuna en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo». Tal afirmación pertenece al informe que el fiscal Jesús Santos entregó al juez Grande-Marlaska para defender que ninguno de los ocho «mahaikides» debía ser objeto de ningún tipo de medida cautelar. Y se lo dio por escrito, resaltando en negrita lo que consideraba jurídicamente más destacable, como se ve en el propio auto del juez.El fiscal, Juan Moral, que había propiciado la citación de los dirigentes abertzales, había sido apartado del caso, y en su lugar se había colocado Jesús Santos, que actuó de una forma inusual en la Audiencia Nacional. No sólo entregó por escrito sus consideraciones al juez, sino que las hizo públicas a los medios de comunicación antes de que Grande-Marlaska anunciara su decisión. En ocasiones anteriores, ante citaciones de «mahaikides», el fiscal había solicitado prisión o, cuando no lo hizo, se colocó en una situación más pasiva, dejando hacer al magistrado instructor. En esta ocasión, quizá porque como dice en su escrito «no cabe obviar el hecho de que las normas deben ser interpretadas atendiendo a la realidad social del momento en que son aplicadas, y específi- camente en el ámbito penal, las normas penales han de ser objeto de una interpretación restrictiva conforme al prin- cipio de taxatividad», decidió tomar cartas en el asunto, y de forma notoria. Su actuación ha sido interpretada no sólo como hecho puntual para este caso, sino como un anuncio de por dónde deben ir las cosas en el futuro. Y, en este sentido, resultan especialmente importantes las aseveraciones de Jesús Santos de que las declaraciones sólo son imputables a quien las realiza y de que lo dicho por Joseba Permach o en otra intervención por Arnaldo Otegi son palabras «de contenido únicamente político, amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, derecho que no puede verse afectado por la suspensión de actividades de Batasuna». Por todo ello, según la Fiscalía en la actuación de los «mahaikides» no hay ni «reiteración delictiva» ni «amenaza terrorista» ni nada punible. Pese a todo, el juez Fernando Grande-Marlaska no quiso dejar escapar a la delegación vasca sin cobrarse alguna pieza, e impuso a Joseba Permach la obligación de presentarse diariamente en una comisaría de la Ertzaintza. Una medida que también cumplen otros miembros de la dirección de Batasuna. Suena a poco para lo que pudiera haber pasado, pero es un condicionamiento importante para la vida personal y el ejercicio de la actividad política. Con la puesta en libertad de los «mahaikides» no se anulan las causas anteriores que pesan sobre ellos y que, como una amenaza cierta, siguen pendiendo sobre sus cabezas, mientras no se eliminen las leyes no sólo la de partidos que limitan sus libertades y sus derechos.
|
