DONOSTIA
Medio centenar de personas salió a la calle ayer al mediodía en el Antiguo para exigir la inmediata puesta en libertad de Kizkitza Gil de San Vicente, una de las dos personas detenidas el jueves cerca de Burdeos. Gil de San Vicente y el bilbaino Zigor Merodio fueron arrestados por la Gendarmería sobre el mediodía, en un control de carretera que las autoridades francesas definieron como «rutinario» y que, según algunas fuentes, era de alcoholemia.Fuentes de la lucha anti-ETA francesas señalaron que ambos jóvenes trataron de esquivar y huir del control pero que su vehículo impactó contra un camión, momento que aprovecharon los agentes policiales para detenerlos. Agregaron que rápidamente se identificaron como militantes de ETA y que portaban una pistola y documentación en euskara.
Silencio institucional y policial
Desde el jueves apenas se ha producido declaración oficial alguna sobre las detenciones por parte de las autoridades de ambos estados, salvo la del secretario de Estado de Interior español, Antonio Camacho, quien el viernes se limitó a decir que los arrestos no tienen nada que ver con la «verificación» que su Gobierno inició del alto el fuego permanente de la organización armada.
El mismo día en que se produjeron las detenciones, fuentes de las FSE vincularon a ambos jóvenes con el «aparato de financiación» de ETA.
Los vecinos del Antiguo que participaron en la movilización en solidaridad con su convecina, que se celebró bajo el lema «Atxilotuak askatu. Errepresioa ez da bidea», indicaron a GARA que los familiares de la joven «no saben absolutamente nada de su situación».
Askatasuna denunció el jueves la actitud del Estado francés, cuyas autoridades «dicen continuamente que no tienen nada que ver con el conflicto. Pero las cinco detenciones de esta semana demuestran claramente su juego sucio y su intención de entorpecer el proceso político que se debe producir en Euskal Herria».
Recordó así el arresto el martes en Lapurdi de Jon Oihenart, Ainara Goñi y Beñat Trounday, que el viernes quedaron en libertad sin apenas medidas cautelares. La magistrada Laurence Le Vert ordenó detenerles por una rogatoria de 2003.
